La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) decomisó 68,6 kilogramos de oro entre enero y junio de este año, material valorado en 53,5 millones de soles.
El hallazgo ocurrió en acciones de control efectuadas como parte de la estrategia institucional para frenar el tráfico de recursos provenientes de la minería ilegal. El producto buscaba salir del país a través del régimen aduanero de exportación definitiva, pero la intervención impidió su traslado hacia el extranjero.
De acuerdo con el balance oficial, la cifra representa un aumento del 20 % en comparación con lo registrado durante los primeros seis meses del año pasado, lo que evidencia mayores esfuerzos contra actividades infractoras.
La reciente incautación constituye un nuevo avance dentro del objetivo de impedir que elementos obtenidos de prácticas no reguladas salgan del territorio nacional sin el respaldo documental o legal correspondiente.
Al analizar las acciones desplegadas desde el 2021 hasta agosto del presente año, el resultado conjunto de los diversos operativos permitió confiscar 797 kilos de minerales auríferos, con un valor superior a 202 millones de soles.
Ese proceso se realizó después de la intervención y posterior proceso de extinción de dominio por parte del Ministerio Público, ya que no existían documentos válidos que demostraran el origen legítimo del cargamento.
Las operaciones se efectuaron mediante el trabajo conjunto de la Sunat, la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú. Estas entidades suman recursos y capacidades en la aplicación de estrategias para reducir la incidencia de la minería sin autorización, la cual causa severos daños al medio ambiente y aporta recursos a organizaciones criminales que atentan contra la seguridad pública y perjudican el desarrollo económico de la nación.
El decomiso logrado en lo que va del año ratifica el compromiso de la autoridad tributaria de unir fuerzas con fiscales y cuerpos policiales para fortalecer la protección de la economía formal, aseguran las fuentes institucionales.
Una prioridad central es salvaguardar los intereses del país a través de controles rigurosos en la salida de mercancías minerales, siempre alineados con la legislación vigente, como la Ley General de Aduanas (DL N° 1053) y la Ley de Delitos Aduaneros (Ley N° 28008).
La cooperación interinstitucional se amplía por medio de acuerdos como el convenio que existe con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organismo que proporciona herramientas para detectar operaciones sospechosas vinculadas a delitos económicos. Las autoridades utilizan, además, estándares internacionales recomendados por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) en el manejo del riesgo y la gestión de operaciones transfronterizas.
El enfoque integral implementado por estas entidades responde tanto a compromisos nacionales como a exigencias de la lucha contra la criminalidad internacional. La articulación de acciones facilita detectar patrones irregulares, rastrear cadenas logísticas y evitar el uso de canales comerciales para extraer recursos naturales sin respaldo legal.
Incautan bienes usados para la minería ilegal
Dentro de las medidas implementadas contra la minería no autorizada en el país, la Policía Nacional del Perú (PNP) llevó a cabo el operativo llamado “Cruz de Motupe 2025” en la provincia de Trujillo, en la región La Libertad. El despliegue se realizó el 15 de agosto y tuvo lugar en el Parque Industrial Minero La Esperanza y el Asentamiento Humano Sol Naciente, áreas identificadas por concentrar actividades de procesamiento de mineral metálico sin la debida acreditación.
Según información proporcionada por la Dirección de Medio Ambiente de la PNP, durante la intervención se incautaron bienes valuados en 49,5 millones de soles usados para la minería ilícita. Entre los activos requisados figuran dos propiedades, más de 9500 toneladas de mineral metálico, 21 equipos pesados (18 de ellos nuevos y tres de segunda mano), junto a cuatro chancadoras y una tolva metálica.
Las investigaciones establecieron que las plantas de beneficio intervenidas correspondían a dos compañías que no lograron demostrar la procedencia legal de sus procedimientos de molienda. Este tipo de instalaciones juegan un papel fundamental en la estructura ilegal, porque allí el mineral extraído sin autorización incrementa su valor para ingresar al circuito comercial.
