Una de las funciones más importantes del Estado es proveer servicios públicos de calidad y, además, hacerlo oportunamente. El objetivo es asegurar el bienestar de la población y satisfacer necesidades fundamentales como agua y saneamiento, salud, educación, seguridad e infraestructura en general. El incumplimiento de lo anterior no solo genera descontento social, sino que también pone en entredicho el sistema económico que promueve la inversión privada y genera recursos para, al menos en teoría, mejorar la calidad de vida de la población.
Anteriormente, hemos expuesto la falta de capacidades de las municipalidades, sobre todo en la formulación y evaluación de proyectos públicos, lo que limita la ejecución de los recursos asignados a la inversión pública. Hacia 2024, el 65% de municipalidades a nivel nacional requería capacitación en esa área, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La situación en el interior del país es aún más crítica. Tumbes, Moquegua y Loreto fueron los departamentos con mayor porcentaje de municipalidades que necesitaban capacitación en esa área, con 84.5%, 76.2% y 75.5%, respectivamente.
A esto debemos sumarle una alarmante cantidad de obras paralizadas relacionadas con el abastecimiento de agua potable, centros educativos, caminos vecinales e infraestructura en general. En todo el país, se identificaron 2,428 obras paralizadas, valorizadas en S/ 44,298 millones, de acuerdo con la Contraloría General de la República. En el interior, el departamento de Cusco registra el mayor número de obras paralizadas, con 320, valorizadas en S/ 2,124 millones; seguido por Puno, con 273, valorizadas en S/ 1,690 millones.
El incumplimiento de contratos, las deficiencias en los expedientes técnicos, las discrepancias, controversias y arbitrajes, la falta de recursos financieros o el abandono de la obra son algunos de los motivos que explican estas paralizaciones. A nivel nacional, 610 obras están detenidas por incumplimientos de contrato; 516 por falta de recursos financieros y liquidez; y 249 por deficiencias en los expedientes técnicos. Un dato no menor es que el 47.6% del total de obras paralizadas a nivel nacional inició ejecución antes de la pandemia. En Cusco y Puno, la proporción asciende a 60.6% y 56%, respectivamente.
Si hablamos de seguridad, a nivel nacional la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes pasó de 3.5 en 2019 a 6.1 en 2024, según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). En el periodo enero-julio de este año, la cantidad de homicidios a nivel nacional se incrementó en 18.9% respecto del mismo periodo de 2024.
Estas y otras deficiencias del Estado nos afectan de manera directa e indirecta. No contar con servicios públicos de calidad y oportunos, así como vivir a merced del hampa y el crimen organizado, impacta directamente en los bolsillos de todos. La falta de servicios públicos se traduce en un mayor costo de vida para la población. Una mayor parte de los ingresos familiares se destina a salud, educación, transporte y seguridad, cuando en mayor o menor medida debería estar cubierta por el Estado. Las autoridades parecen ignorarlo, pero quienes lo sufren día a día son los ciudadanos.
