El transporte entre Machu Picchu Pueblo y el sitio arqueológico se encuentra en el centro de una controversia que afecta a turistas, operadores y autoridades, generando enfrentamientos por la concesión de la ruta. El alcalde de la Municipalidad Provincial de Urubamba, Ronald Vera Gallegos, explicó en entrevista a RPP Noticias que la situación responde a la presencia de la empresa Consettur, que continúa ofreciendo el servicio de traslados pese a no contar con el permiso, mientras otra compañía, designada de manera temporal por la municipalidad, espera el inicio de la licitación pública para asumir la operación.
El conflicto, según el alcalde Vera, se originó tras la expiración de la concesión otorgada a la empresa que ha operado la ruta durante cerca de tres décadas.
“Consetur está trabajando sin título habilitante, por responsabilidad de las propias autoridades, que antes no hicieron prevalecer el principio de autoridad”, señaló. Añadió que en 2024 se inició el proceso de licitación para elegir un nuevo operador, pero este se ha visto retrasado y obstaculizado- De esta manera, culpa al Ministerio de Transportes y Comunicaciones por la falta de respuestas.
Esta situación provocó que la ruta quedara en un limbo administrativo, ante la inacción de organismos necesarios para validar el proceso, tras numerosas notificaciones y requerimientos formales de la municipalidad. Es decir, los turistas no solo deben lidiar con las largas colas para comprar su entrada a la maravillosa ciudad, sino también podrían retrasar su visita por este panorama.
Denuncia irregularidades
El alcalde de Urubamba denunció también una serie de irregularidades acumuladas en el manejo de la concesión, incluyendo múltiples procesos judiciales iniciados por la empresa saliente y la autorización de operadoras adicionales fuera del convenio.
Por este motivo, la comuna local declaró en emergencia y buscar alternativas interinstitucionales para asegurar la continuidad del servicio. Una de estas opciones fue proponer un convenio con una empresa Tramusa SAC, administrada por el distrito de Machu Picchu, para que se hiciera cargo mientras culminaba el proceso de licitación. Sin embargo, rechazó la propuesta.
Al ser consultado sobre las tensiones y las protestas, Vera Gallegos indicó que la persistencia de la empresa anterior en la ruta responde a un “respaldo político y administrativo” que, en su opinión, es irregular.
“No pueden convocar a una empresa que no tiene título habilitante ni trabajar con una que está usurpando la concesión”, mencionó. Expresó, además, que la municipalidad ya cuenta con una empresa seleccionada y que lo único necesario es el ingreso de los nuevos vehículos para normalizar el servicio.
El alcalde instó a las autoridades nacionales, en particular al MTC y a los organismos de fiscalización, a permitir el ingreso de los buses de la nueva empresa San Antonio de Torontoy, para así garantizar la continuidad en el transporte de turistas y locales.
Finalmente, Vera Gallegos pidió a las instituciones involucradas “conciliar posiciones y dejar ingresar a la nueva flota de buses”. Mientras no se resuelva el conflicto, la vía de acceso a Machu Picchu continúa bajo incertidumbre operativa, con impactos directos en la imagen del destino turístico.
