El distrito de Machupicchu se encuentra nuevamente en el centro de una controversia que trasciende lo local y alcanza repercusión nacional. El acceso terrestre hacia la maravilla mundial, un asunto clave para el turismo, está marcado por tensiones políticas, denuncias de favoritismo y acusaciones de intereses particulares. La confrontación entre los municipios de Machupicchu y Urubamba abrió un escenario de incertidumbre que se refleja también en los pronunciamientos de las empresas de transporte involucradas.
El alcalde de Machupicchu, Elvis La Torre, difundió un extenso comunicado en el que responsabilizó a su par de Urubamba, Ronald Vera Gallegos, por la crisis en el sistema de transporte hacia el santuario. En sus palabras, el problema no radica únicamente en la competencia empresarial, sino en lo que describió como una falta de compromiso político y de gestión para conducir un proceso de transición transparente entre operadores.
La respuesta no tardó en llegar. La empresa San Antonio de Torontoy, una de las protagonistas del conflicto, acusó al burgomaestre de Machupicchu de mantener vínculos directos con la empresa Consettur y de actuar en defensa de intereses particulares. La disputa expuso públicamente las pugnas por el control de la ruta que conecta el distrito con el atractivo turístico más visitado del país.
El pronunciamiento del alcalde de Machupicchu
En su mensaje a la población, Elvis La Torre buscó aclarar que no representa a ningún sector empresarial. “Inicialmente, quiero partir señalando que no estoy a favor ni en contra de ningún sector empresarial. Por el contrario, en reiteradas veces, oportunidades, le he solicitado al alcalde de Urubamba que solucione el problema que irresponsablemente generó”, declaró.
El burgomaestre criticó la ausencia de su homólogo en reuniones convocadas por la Presidencia del Consejo de Ministros y otras instituciones. “Señor Ronald Vera Gallegos, los problemas no se resuelven ausentándose a las reuniones programadas por la PCM y otros sectores. Los problemas se resuelven responsablemente y en beneficio de toda la población machupicheña y urubambina, y no de un minúsculo sector”, señaló.
En el mismo comunicado, La Torre detalló la distribución de buses que habrían recibido autorización para operar en la ruta CU-108 Jairan Binga. Según su versión, en la adjudicación participaron empresas y personas vinculadas a autoridades locales y familiares directos de regidores y funcionarios. Por ello, exigió la intervención de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público para revisar el proceso.
El alcalde también cuestionó los beneficios reales que obtendrían comunidades cercanas a Machupicchu. “Le pregunto al señor Ronald Vera: ¿dónde está el beneficio directo para mis hermanos de Ollantaytambo, Yucay, Chinchero, Maras, Urubamba y Guayllabamba que usted tanto ha pregonado? Hemos sido engañados vilmente por la autoridad de la provincia de Urubamba”, expresó.
La réplica de San Antonio de Torontoy
Horas después, la empresa San Antonio de Torontoy emitió un comunicado en redes sociales donde rechazó la postura del alcalde de Machupicchu. “Nuestra empresa siempre ha sido respetuosa de su investidura, por lo que no esperábamos de su parte una actitud beligerante contra nuestra organización, nuestros socios, comuneros y la población de Machupicchu”, señalaron.
En el documento, la compañía sostuvo que La Torre mantiene un conflicto de intereses por su cercanía con Consettur y con la empresa Wayna Picchu, accionista mayoritaria de este consorcio. “Sus últimas apariciones públicas en el distrito se han limitado a la defensa de la empresa Consettur, cuyos directivos incluso lo acompañan y escoltan como si fueran parte del gobierno municipal”, denunciaron.
San Antonio de Torontoy recalcó que sus unidades de transporte son alquiladas y que el contrato vigente es provisional, por un periodo de cuatro meses. “La empresa San Antonio de Torontoy siempre ha tenido, tiene y tendrá como propósito incorporar al mayor número de hermanos machupiccheños. Lo hemos demostrado en el pasado y lo cumpliremos en el presente, aunque usted pretenda desconocerlo”, afirmaron.
El pronunciamiento también puso bajo la lupa el manejo municipal de Machupicchu y las utilidades de TRAMUSA, cuestionando que los ingresos no se reflejen en proyectos concretos. “Dicha fiscalización también debe extenderse a la Municipalidad de Machupicchu y a TRAMUSA, entidades cuyas utilidades no se reflejan en obras que beneficien a la población, como correspondería”, indicaron.
Escalada del conflicto político y empresarial
El enfrentamiento entre autoridades y empresas revela la dimensión política de un problema que impacta directamente en el turismo, la principal actividad económica de la zona. Mientras el alcalde de Machupicchu exige transparencia y acusa al gobierno provincial de favorecer a allegados, San Antonio de Torontoy insiste en que el verdadero favorecimiento ocurre desde la comuna distrital hacia Consettur.
Ambas posiciones comparten un punto: la necesidad de que órganos de control supervisen los procesos en curso. Sin embargo, el debate público deja entrever que la pugna por la ruta de acceso a Machupicchu se ha convertido en un escenario de acusaciones cruzadas donde cada sector intenta responsabilizar al otro por la crisis que afecta a visitantes, operadores turísticos y comunidades locales.
