El anuncio sorprendió incluso a los propios equipos de investigación. Cuando la Municipalidad de Lima, a través de Prolima, venía ejecutando excavaciones arqueológicas en pleno Centro Histórico, el Ministerio de Cultura resolvió, a pedido de Palacio de Gobierno, declarar nulos los permisos previamente otorgados. La medida obliga a detener en un plazo de 15 días las intervenciones en la Alameda Chabuca Granda, sectores 1 y 2, justo al costado de la sede presidencial.
La decisión reabre un debate que enfrenta dos prioridades de Estado: la seguridad de la Presidencia de la República y la conservación del patrimonio histórico. Por un lado, la Secretaría de Seguridad de la Casa de Gobierno advierte que las excavaciones alteran la zona de protección de Palacio y generan riesgos en la logística de desplazamiento. Por el otro, Prolima sostiene que suspender los trabajos amenaza con deteriorar estructuras únicas vinculadas a la fundación de Lima.
Entre argumentos técnicos, informes de riesgo y cuestionamientos legales, el conflicto escaló en las últimas semanas. La paradoja es evidente: dos instituciones del Ejecutivo con visiones enfrentadas sobre una misma intervención, en un espacio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
La nulidad de las autorizaciones
El Ministerio de Cultura declaró parcialmente nulas las resoluciones que habían autorizado a Prolima la ejecución del “Proyecto de investigación arqueológica, conservación y puesta en valor de las Portadas, Baluartes y Tajamares de la Muralla de Lima”. La disposición se sustenta en un informe de la Secretaría de Seguridad de la Casa de Gobierno, que advierte riesgos críticos para la presidenta, altas autoridades y las instalaciones del Palacio.
El documento señala que las excavaciones afectan el perímetro de 500 metros de seguridad y los anillos de protección definidos por la Policía Nacional. También sostiene que las obras reducen el ancho de la vía a seis metros, complicando el tránsito en una zona de alta circulación y generando vulnerabilidad durante visitas oficiales o eventos internacionales.
Según el Mincul, su competencia no alcanza a la evaluación de riesgos de seguridad presidencial. Por ello, al recibir los informes de Palacio de Gobierno y la Policía Nacional, estaba obligado a aplicar la nulidad establecida en el artículo 10 de la Ley N° 27444.
La postura de Prolima
Desde la Municipalidad de Lima, la reacción fue inmediata. Carlos Vega, subgerente de Prolima, aseguró que se trata de un golpe contra la investigación arqueológica y contra el patrimonio de la capital. “La posición de Palacio tiene tres fundamentos poco valideros. Es un tema de seguridad y gestión de riesgos con respecto al desplazamiento de la presidenta de la República, lo cual no se está vulnerando en lo absoluto, ya que el tránsito vehicular no se ha restringido y hemos brindado alternativas para no perjudicar el acceso o ingreso de ningún conductor o peatón en la zona”, afirmó.
Respecto al argumento sobre operaciones aéreas desde el helipuerto de Palacio, fue categórico: “Lo cual carece de sentido, entendiendo que dicho espacio está incluso más cerca del río Rímac, el cual evidentemente tiene una mayor profundidad”, declaró.
Prolima insiste en que se actuó conforme a los permisos otorgados y que incluso se entregaron informes técnicos al Ministerio de Cultura, explicando que las excavaciones no alteraban los accesos ni la seguridad. “Inicialmente, la falta de voluntad para llegar un punto medio nos preocupó bastante; sin embargo, ahora incluso el panorama parece ser más complicado, sobre todo, porque cerrar las excavaciones en un plazo de 15 días no resulta compatible con la normativa del mismo Ministerio de Cultura”, explicó Vega.
Riesgos para las estructuras
El cierre de las excavaciones no solo detendría el trabajo de los arqueólogos. Según Prolima, podría ocasionar daños irreparables en las estructuras ya descubiertas. Vega advirtió que interrumpir los procesos de conservación y desalinización expone los muros a un deterioro acelerado. “Este proceso termina debilitando ladrillos y enlucidos hasta hacerlos perder su cohesión, lo que pondría en riesgo la estabilidad de los muros y pisos que ya fueron excavados”, dijo.
El funcionario agregó que cubrir abruptamente los hallazgos con materiales inadecuados generaría microclimas capaces de destruir en poco tiempo sectores completos recuperados con esfuerzo. “Interrumpirlos no solo anula el esfuerzo invertido, sino que dejaría las estructuras más expuestas a un deterioro rápido”, explicó.
Para Prolima, la paralización ignora aspectos básicos de conservación, como la cercanía del río Rímac o la recuperación de áreas verdes, factores que influyen en la humedad y aceleran el daño de los materiales.
Argumentos de Palacio de Gobierno
En su informe, la Secretaría de Seguridad sostiene que la continuidad de las excavaciones vulnera planes operativos de defensa y protección, como el Plan de Seguridad de la Casa de Gobierno. Precisa que la presencia de trabajadores y vehículos incrementa la afluencia en un área sensible, sin un control exhaustivo de antecedentes, lo que representaría un riesgo de infiltración o actos ilícitos a Dina Boluarte.
Asimismo, detalla que la excavación altera la configuración vial y reduce espacios necesarios para maniobras seguras de comitivas oficiales. La cercanía a la zona noroeste de Palacio —considerada la más vulnerable frente a posibles ataques— incrementa la exposición de la sede presidencial a amenazas.
Para Palacio de Gobierno, los riesgos no son meramente hipotéticos: la excavación actual, señalan, compromete la capacidad de respuesta ante emergencias y la seguridad misma de la mandataria.
Ante esta situación, la Municipalidad de Lima prepara medidas legales. “Como Municipalidad Metropolitana de Lima, vamos a tomar las acciones legales pertinentes con la finalidad de salvaguardar el patrimonio”, concluyó Vega.
El Ministerio de Cultura, por su parte, estableció un protocolo estricto para el cierre de los sectores afectados. Este incluye la reposición de materiales, conservación de evidencias, cercado de áreas intervenidas y entrega de bienes culturales muebles recuperados bajo inventario oficial.
El enfrentamiento, lejos de resolverse, abre un nuevo capítulo en la ya compleja gestión del Centro Histórico de Lima. En el trasfondo queda la tensión entre seguridad presidencial y preservación de la memoria arqueológica, una tensión que hoy se materializa a pocos metros del Palacio de Gobierno.
