La Comisión de Constitución del Congreso continúa con el debate sobre el nuevo reglamento para el retorno al sistema bicameral. Aunque se retiró la propuesta de incremento de sueldos, los parlamentarios aún evalúan otras medidas que atentan contra la Constitución y el equilibrio de poderes.
Uno de los puntos más cuestionados es el artículo XI del dictamen, que plantea la inviolabilidad de los recintos e instalaciones parlamentarias. En la práctica, esto impediría que cualquier autoridad o miembro de la fuerza pública ingrese a las sedes del Legislativo sin autorización expresa de los presidentes de las cámaras de senadores o diputados.
La congresista Ruth Luque, de la bancada Bloque Democrático, advirtió sobre los riesgos de esta propuesta, a la que calificó como un “manto de impunidad” para evitar futuras investigaciones.
“Innecesario y va en contra de lo que la Constitución señala, generando un manto de impunidad y espíritu de cuerpo ante casos que requieren allanamiento o diligencias por flagrancia delictiva u otros delitos”, señaló en su cuenta de X.
El cuestionamiento central es claro: si esta norma hubiera estado vigente en la actual legislatura, el Ministerio Público no habría podido ingresar al Congreso para recabar información en investigaciones sobre congresistas involucrados en presuntos actos irregulares.
Allanamientos y diligencias en despachos parlamentarios
La muerte de la ex trabajadora parlamentaria Andrea Vidal dio inicio a una investigación sobre una presunta red de prostitución que operaba dentro del Congreso. En ese contexto, el Ministerio Público ingresó al Palacio Legislativo para recolectar información como parte de sus labores regulares.
No obstante, de haber estado vigente el principio de “inviolabilidad parlamentaria”, los fiscales y efectivos policiales no habrían podido ingresar sin la autorización del presidente del Congreso de ese entonces, Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso (APP), bancada señalada en medio del escándalo.
Al igual que esta intervención, se realizaron otros operativos vinculados a casos de corrupción, contrataciones irregulares, el cobro de los llamados “mocha sueldos” e incluso una denuncia por violación. Estas diligencias no solo se efectuaron en la sede central del Parlamento, sino también en las oficinas de los congresistas ubicadas en la avenida Abancay. El texto actualmente en debate busca restringir este tipo de actuaciones fiscales y policiales.
Otras propuestas preocupantes
Si bien el reglamento del próximo Congreso bicameral aún se está debatiendo y debe ser aprobado por el pleno, hay varios puntos que generan preocupación.
Como por ejemplo, la controvertida propuesta sobre la figura de la suspensión presidencial, que —en ausencia de límites claros— podría permitir que un presidente sea apartado del cargo por tiempo indefinido. A diferencia de la vacancia que pone término definitivo al mandato, la suspensión ocurre por causas temporales y requiere solo 66 votos para ser aprobada.
Según el predictamen, el Congreso podría suspender al jefe de Estado si declara su incapacidad temporal, si enfrenta un proceso judicial, o si se presenta un “hecho objetivo público” que lo inhabilite —como una enfermedad grave o indagaciones por delitos graves como cerrar el Congreso, traición a la patria o impedir elecciones, contemplados en el artículo 117 de la Constitución.
El principal problema radica en que el texto no establece ningún plazo máximo para la duración de esta suspensión y deja las causas abiertas a interpretación del próximo Congreso. Esto ha generado alarma, pues podría convertirse en una especie de vacancia encubierta, aumentando la inestabilidad política en lugar de corregirla.
