La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos confirmó la inmovilización de una barra de oro de 5.46 kilos, valorizada en USD 528 218.33 (equivalente a casi dos millones de soles), que según las investigaciones provendría de actividades de minería ilegal en Putina, Puno.
La diligencia se realizó en un almacén aeroportuario del Callao, donde se hallaba la carga lista para ser enviada al extranjero. La operación estuvo a cargo de la fiscal provincial Luz Taquire Reynoso y de la fiscal adjunta Mabel Tucto Albornoz, quienes dispusieron la inmovilización inmediata del metal.
De acuerdo con la investigación, la barra iba a ser exportada a la India por una de las empresas vinculadas al caso. La carga fue detectada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) al constatarse que no se acreditaba un origen legal del mineral. Ante la alerta, el Ministerio Público procedió con la intervención.
Empresarios y compañías bajo investigación
El caso involucra a tres empresarios: Juan Carlos Hanco, Efraín Nina y Miguel Ortega, así como a dos empresas individuales de responsabilidad limitada. Todos son investigados por el presunto delito de lavado de activos vinculado a la minería ilegal.
Según la hipótesis fiscal, una de las empresas, constituida en 2023 por Juan Carlos Hanco, pasó al año siguiente a nombre de Efraín Nina, quien figuraba como representante legal y estaba detrás de la exportación del oro incautado.
La segunda compañía, administrada por Miguel Ortega, habría actuado como proveedora y procesadora de minerales para la primera, generando una red de operaciones destinada a blanquear oro proveniente de las zonas de Puno y Madre de Dios, regiones donde se concentran actividades mineras informales e ilegales.
De acuerdo con la Fiscalía, estas empresas realizaban transacciones de compra y venta de minerales sin contar con la documentación que respalde el origen lícito de los mismos. Esta práctica configura indicios de lavado de activos, pues se busca dar apariencia de legalidad a bienes obtenidos de actividades ilícitas.
Oro permanecerá en custodia
La fiscal adjunta Mabel Tucto Albornoz informó que la barra de oro permanecerá bajo custodia en una bóveda del almacén aduanero mientras avanzan las diligencias.
La operación contó con el apoyo de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público, especialistas de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) de la Policía Nacional, así como con la participación de peritos y agentes de la Sunat.
Los peritos del Ministerio Público tendrán a su cargo el análisis técnico del mineral, con el objetivo de establecer no solo su autenticidad y valor, sino también de verificar su posible vinculación con circuitos de minería ilegal en la región sur del país.
Minería ilegal y lavado de activos
El caso refleja la estrecha conexión entre la minería ilegal y el delito de lavado de activos en el Perú. De acuerdo con la Fiscalía, gran parte del oro extraído de forma ilícita en regiones como Puno y Madre de Dios termina ingresando a cadenas de comercialización que buscan darle una apariencia de legalidad antes de ser exportado a mercados internacionales.
La exportación de oro sin certificación legal no solo genera pérdidas millonarias al Estado, sino que también financia a organizaciones criminales que operan en zonas de difícil acceso, muchas veces ligadas a delitos ambientales, trata de personas y deforestación.
En el caso de la barra inmovilizada en el Callao, la ruta detectada incluía la salida del oro con destino a la India, uno de los principales compradores de este metal a nivel mundial.
La Fiscalía continuará con la recopilación de información financiera, contable y societaria de las dos empresas investigadas, así como con el levantamiento del secreto bancario y tributario de los empresarios involucrados.
