Septiembre se perfila como un mes decisivo para la justicia peruana. Tres procesos emblemáticos que involucran a expresidentes y a la exalcaldesa de Lima llegarán a momentos cruciales: la sentencia de Alejandro Toledo por el caso Ecoteva, el inicio del juicio oral contra Pedro Pablo Kuczynski y la apertura del proceso contra Susana Villarán.
Las audiencias marcan un nuevo capítulo en las investigaciones por corrupción y lavado de activos que han puesto bajo la lupa a varias de las más altas autoridades políticas del país.
Alejandro Toledo frente al caso Ecoteva
EL miércoles 3 de septiembre, el expresidente Alejandro Toledo fue condenado a 13 años de prisión por el caso Ecoteva, una investigación que se inició en 2013, incluso antes del destape del escándalo de Odebrecht.
El caso gira en torno a Ecoteva Consulting Group, una empresa ‘offshore’ constituida en Costa Rica que habría sido utilizada para blanquear dinero ilícito. El fallo indica que el exmandatario utilizó su cargo para coordinar la adjudicación de obras a cambio de pagos ilícitos canalizados a través de empresas offshore en Costa Rica. La sentencia, que se ejecutará en simultáneo con la pena anterior de 20 años y seis meses, detalla que alrededor de US$ 5,1 millones fueron blanqueados mediante adquisiciones inmobiliarias en Perú. Eliane Karp, esposa de Toledo, figura en la investigación.
Con esos fondos se adquirió una mansión en Las Casuarinas valorizada en casi 4 millones de dólares, una oficina en Surco con depósito y estacionamientos por alrededor de 900 mil dólares, además de una casa de playa en Punta Sal. También se canceló la hipoteca de su vivienda en La Molina. Todos estos bienes se encuentran hoy incautados por el Estado.
A lo largo de las pesquisas, Toledo ofreció diversas versiones sobre el origen del dinero. En una de ellas, atribuyó los fondos a supuestas compensaciones que habría recibido su suegra, Eva Fernenbug, por “ser sobreviviente del Holocausto”. Sin embargo, para el Ministerio Público esas explicaciones carecen de sustento y los recursos tienen un origen ilícito.
Pedro Pablo Kuczynski enfrenta la mayor pena para un expresidente
Mientras Toledo espera sentencia, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) enfrentará desde este mes el inicio de su juicio oral por presunto lavado de activos. La investigación se centra en las consultorías que brindaron sus empresas a Odebrecht, incluso cuando ejercía como ministro de Estado.
Según la Fiscalía, PPK y su socio, Gerardo Sepúlveda, habrían utilizado la llamada “puerta giratoria” para beneficiarse con pagos de la constructora brasileña, generando un millonario flujo de dinero irregular.
El término hace referencia al tránsito de funcionarios entre el sector público y privado, que puede derivar en beneficios indebidos para negocios particulares.
La denuncia inicial fue presentada en 2017 por la entonces procuradora anticorrupción Katherine Ampuero, quien recordó: “Cuando le preguntamos si brindaba asesorías a Odebrecht, no respondió, pero la evidencia mostró que sí lo hacía mientras ocupaba cargos públicos”, según una reciente declaración a ATV Noticias.
El Ministerio Público solicita para Kuczynski 35 años de prisión, la mayor pena planteada hasta ahora contra un expresidente en estos procesos.
Susana Villarán y su millonaria campaña
El 23 de septiembre está previsto el inicio del juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, acusada de recibir aportes ilegales de Odebrecht y OAS para financiar su campaña contra la revocatoria de 2013 y su posterior candidatura a la reelección.
La propia Villarán reconoció en 2019 que supo de estos aportes. “Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del No a la revocatoria. Tomamos la decisión José Miguel Castro y yo de aceptar fondos”, declaró entonces.
La Fiscalía solicita contra ella 29 años de prisión por los delitos de lavado de activos y cohecho. De acuerdo con la acusación, los aportes no solo se entregaron antes de su gestión, sino también durante su mandato como alcaldesa.
Otros expresidentes en la mira
Fuera de Septiembre, otros exmandatarios también enfrentan definiciones judiciales. Martín Vizcarra salió de prisión preventiva de cinco meses y enfrentará el juicio por el caso Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua en libertad.
Por su parte, Pedro Castillo sigue bajo proceso por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución temporal del Congreso y la instauración de un “gobierno de excepción”.
De otro lado, Betssy Chávez, la exprimera ministra logró que el TC ordenara su excarcelación y será liberada de la cárcel de Chorrillos donde se mantuvo desde hace más de dos años.
