La tarde del jueves 4 de septiembre marcó un giro en el proceso judicial que enfrenta el expresidente Martín Vizcarra. Tras pasar 22 días en el penal de Barbadillo, en Ate Vitarte, el exmandatario recuperó su libertad luego de que la Tercera Sala Penal Nacional revocara la orden de prisión preventiva que lo mantenía recluido. El fallo anuló los cinco meses de detención que había dictado una jueza en el marco de las investigaciones por presunto cohecho pasivo propio, vinculado a obras ejecutadas durante su gestión como gobernador de Moquegua.
A las afueras del penal, decenas de simpatizantes lo esperaban desde temprano. Con banderas, aplausos y mensajes de respaldo, lo recibieron cuando cruzó el portón de salida. No era la primera vez que esa cárcel albergaba a un expresidente: en sus instalaciones también permanecieron Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Castillo. La escena se repetía con un nuevo protagonista que, pese a las acusaciones, buscaba mostrarse dispuesto a enfrentar las investigaciones sin evadir a la justicia.
Vizcarra fue encarcelado el 13 de agosto, tras la decisión judicial que acogió el pedido de la fiscalía por el denominado “Caso Lomas de Ilo” y el proyecto del “Hospital Regional de Moquegua”. Su salida generó reacciones inmediatas, tanto entre sus seguidores como en el ámbito político, donde se evalúa el impacto de su regreso a la vida pública.
Apenas recuperó la libertad, ofreció declaraciones a la prensa. Sostuvo que su intención es colaborar con las indagaciones. “Lo que viene ahora es continuar colaborando con la justicia, como siempre lo he hecho”, señaló al responder las primeras preguntas de los periodistas.
La defensa del exmandatario

El expresidente explicó que los magistrados de la sala consideraron que no existía riesgo de fuga ni posibilidad de obstrucción al proceso. También descartaron la falta de vínculos laborales o de residencia, condiciones básicas para que se dicte una medida de prisión preventiva. “Los tres jueces superiores concluyeron que no existía peligro de fuga ni obstrucción al proceso. Esos criterios son indispensables para dictar una prisión preventiva, por lo que la medida del 13 de agosto fue absolutamente ilegal”, expresó.
Durante su pronunciamiento, el exmandatario insistió en que permanecerá en el país. “No me voy del país, no me voy a exiliar, no me voy a fugar, porque tengo respeto a los que confían en mí y tengo respeto al sistema judicial peruano”, aseguró frente a los reporteros. A ello añadió: “Voy a estar aquí, en mi palabra de honor, que se la digo a toditos ustedes”.
El exgobernante también hizo un pedido dirigido a quienes investigan los casos de corrupción en el país. “Lo único que yo quiero decirles ahora y una tarea para la prensa, una tarea para los investigadores, es que revisen las sentencias de acuerdos de colaboraciones eficaces. Todas, realmente…”, manifestó en medio de la conferencia que improvisó en los exteriores del penal.
Proyección política

Las preguntas sobre su futuro político no tardaron en llegar. Vizcarra respondió que, además de cumplir con todas las citaciones judiciales, retomará sus actividades en el partido que fundó. “Políticamente, seguiremos recorriendo todo el país, llevando el mensaje de Perú Primero, que es un partido que tiene una propuesta de cambio en beneficio de todos los peruanos”, expresó.
El exmandatario reafirmó que no interrumpirá su vínculo con la población y que su prioridad será mantener contacto con las bases que lo acompañan. “Voy a estar asistiendo a todas las citaciones del Poder Judicial, como siempre lo he hecho y la jueza lo ha declarado. Pero también vamos a continuar con el trabajo político”, declaró.
Mientras tanto, el Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones que motivaron su detención. Los procesos vinculados a los proyectos de infraestructura en Moquegua seguirán su curso y Vizcarra deberá responder a los llamados del sistema judicial en los próximos meses.