El gobierno de Dina Boluarte firmó la disposición para la apertura del penal El Frontón, una medida que revive el debate en Perú sobre el uso de esta instalación penitenciaria ubicada en una isla del Callao, a quince kilómetros de la costa de Lima. La reapertura llega apenas un año después de que el propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desestimara la viabilidad del proyecto.
La decisión fue rubricada en un acto encabezado por la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Estado Eduardo Arana, quien el año pasado, como titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), rechazó públicamente esta iniciativa. En agosto de 2023, el propio Arana comunicó al Congreso que el proyecto para reabrir El Frontón resultaba inviable. Un año después, Arana aparece como uno de sus promotores principales junto a la mandataria.
En el documento enviado entonces por el Minjus al Parlamento, la cartera identificó cuatro razones centrales para oponerse a la reapertura de El Frontón. La primera señalaba que el área total del penal —5.400 metros cuadrados— apenas permitiría habilitar 108 celdas, ya que el estándar internacional considera aproximadamente 50 metros cuadrados por interno. Cualquier ampliación requeriría trabajos de movimiento de tierras y la construcción de plataformas con costos elevados.
La segunda objeción se centraba en la precariedad de las infraestructuras básicas en la isla, que no cuenta con acceso a agua potable, desagüe, energía eléctrica ni red telefónica. De acuerdo con el análisis técnico elaborado por el Ministerio de Justicia, la provisión de estos servicios implicaría “costos considerables de instalación, operatividad y mantenimiento”, una carga financiera que, según el documento, no podría asumirse sin afectar otros proyectos penitenciarios.
El tercer argumento está relacionado con la logística de acceso. Por ser una isla, la única vía de entrada o salida es el mar, lo que complicaría el desplazamiento de personal de seguridad, tratamiento, administración, logística y visitas. El texto advertía sobre las consecuencias de la limitación para operaciones de emergencia, traslados judiciales e intervenciones sanitarias.
Finalmente, la cuarta razón estribaba en las dificultades previstas para obtener permisos, licencias y factibilidad de servicios, especialmente de energía eléctrica e impacto ambiental. El ministerio ilustró su posición con el caso de Alcatraz, la célebre prisión en la bahía de San Francisco, en Estados Unidos. Este centro alojó a 250 internos antes de cerrar en 1963 por los altos costos de operación y mantenimiento.
Tiempo de construcción
La construcción del nuevo penal en El Frontón podría extenderse durante cuatro años, según explicó Jorge Luis Chávez Cresta, vicepresidente de la Comisión de Riesgos y Desastres del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP). El especialista precisó que el proceso enfrenta múltiples retos técnicos y logísticos, más allá de la voluntad política. Actualmente, solo dos de las 57 hectáreas requeridas están habilitadas, lo que plantea un desafío considerable para la ejecución del proyecto.
La zona destinada carece de servicios básicos como agua, electricidad y desagüe. Esto obliga a implementar infraestructuras paralelas, aumentando el costo y la complejidad del proyecto. Además, el ecosistema que rodea a la isla El Frontón, compartido con San Lorenzo y otras islas guaneras, exige estudios de impacto ambiental rigurosos. Las imágenes aéreas revelan que el área utilizable es una faja estrecha próxima al mar, lo que plantea interrogantes sobre la seguridad estructural ante la erosión marina.
Chávez Cresta subrayó que la demolición de estructuras existentes y la habilitación del terreno prolongarán aún más los plazos de ejecución. Sobre el presupuesto, advirtió que la cifra inicial de 500 millones de soles podría ser rebasada ampliamente por los trabajos adicionales requeridos. A esto se suma la necesidad de un plan integral que contemple todas las etapas y servicios necesarios.
El debate sobre la viabilidad de reactivar El Frontón se produce en un contexto de crisis penitenciaria, presionado por el hacinamiento y la urgencia de soluciones sostenibles en el sistema carcelario peruano.
