La Comisión Permanente del Congreso dio un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que presente su informe final sobre la Denuncia Constitucional 570 contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. La acusación surge porque, ya en el cargo, Espinoza decidió archivar la investigación contra el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde, quien era señalado de haber interferido irregularmente en el caso conocido como los “CNM Audios”.
Los congresistas denunciantes sostienen que Espinoza no debió resolver ese caso, pues Sánchez había votado a favor de su elección como fiscal de la Nación. Para ellos, esto muestra un posible favor político y un conflicto de intereses.
El 15 de julio, la Subcomisión admitió la denuncia a trámite con once votos a favor y solo dos en contra, lo que evidencia un fuerte respaldo político para que el proceso avance. Los que respaldaron la admisión fueron: Martha Moyano, Héctor Ventura, Patricia Juárez (Fuerza Popular); Alejandro Muñante, José Cueto, Jorge Montoya (Renovación Popular); Waldemar Cerrón, Américo Gonza, Segundo Montalvo (Perú Libre); José Jerí (Somos Perú) y José Luna Gálvez (Podemos Perú).
En contra se pronunciaron únicamente las congresistas Ruth Luque y Susel Paredes.
El informe de calificación señala que al archivar el caso de Sánchez, Espinoza pudo haber cometido un encubrimiento y haber incumplido su deber constitucional de actuar con objetividad y en defensa de la legalidad.
Si el informe final recomienda acusarla y el Pleno del Congreso lo aprueba, Delia Espinoza podría ser destituida e inhabilitada del cargo, además de enfrentar procesos penales.
Conflicto entre Congreso y Ministerio Público
Las tensiones entre el Congreso y el Ministerio Público no dejan de crecer. Desde las bancadas mayoritarias del Parlamento se ha expresado un marcado descontento con la gestión de Delia Espinoza al frente de la Fiscalía de la Nación.
Los legisladores acusan al Ministerio Público de promover operativos y denuncias con motivaciones políticas, lo que —a su juicio— socava la institucionalidad. En este escenario, la posibilidad de una reforma del sistema de justicia ha tomado fuerza en el debate político, al punto de que ya existe una comisión encargada de evaluar propuestas en esa línea.
Espinoza, por su parte, responsabiliza al Ejecutivo de limitar el trabajo de los fiscales debido al escaso presupuesto asignado a la institución. Asimismo, ha cuestionado de manera reiterada diversas iniciativas parlamentarias que, según advierte, dificultan la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.
Desde la Fiscalía se insiste en que las investigaciones no se dirigen contra personas específicas, sino contra delitos, y que, en contra de lo que muchos creen, solo un número mínimo de casos involucra a funcionarios con fuero. Sin embargo, los congresistas mantienen sus críticas, impulsan leyes para sancionar a jueces y fiscales, y reclaman una mejor ejecución del presupuesto.
En medio de las demandas de la Fiscalía por mayores recursos, el congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, sostuvo que Delia Espinoza debe acudir al Parlamento a rendir cuentas sobre el uso de cada sol asignado a su institución.
