El Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC) aprobó por unanimidad la construcción de un penal de máxima seguridad en la isla El Frontón, en el Callao. El proyecto, anunciado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), estará dirigido exclusivamente a los jefes y cabecillas de organizaciones criminales violentas.
La medida fue respaldada por representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Congreso de la República, Ministerio del Interior, Policía Nacional, universidades, gobiernos regionales y la Defensoría del Pueblo. El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, calificó la decisión como un hito en la lucha contra la criminalidad organizada.
El nuevo establecimiento penitenciario se ejecutará bajo la modalidad de obras por impuestos. La colocación de la primera piedra está prevista para junio de 2026, con una inversión cercana a los 500 millones de soles. Según el MINJUSDH, este penal busca reforzar el control del sistema carcelario y aislar a los cabecillas que continúan dirigiendo actividades ilícitas desde prisión.
La ubicación elegida tiene un fuerte simbolismo: la isla El Frontón fue escenario de uno de los episodios más controvertidos de la historia peruana reciente, conocido como la masacre del 18 de junio de 1986.
La matanza de los penales de 1986
Durante la década de los ochenta, el país enfrentaba una crisis marcada por la violencia de Sendero Luminoso y el MRTA. En ese escenario, los penales peruanos se encontraban hacinados y con procesos judiciales lentos. Muchos acusados de terrorismo eran trasladados al penal de El Frontón, ubicado en una isla frente al Callao.
El 18 de junio de 1986, en simultáneo con la celebración en Lima de la conferencia de la Internacional Socialista, los internos de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara iniciaron motines violentos. Tomaron rehenes e hicieron visibles sus reclamos frente a las condiciones de reclusión.
En el caso de El Frontón, los disturbios se concentraron en el Pabellón Azul, donde se encontraban unos 200 reclusos acusados de terrorismo. La versión oficial indicó que los amotinados poseían armas modernas y proyectiles artesanales. El Gobierno, encabezado por Alan García, declaró los penales como zonas militares restringidas mediante el Decreto Supremo N.º 006-86-JUS, lo que limitó el acceso de fiscales, jueces y directores penitenciarios.
La operación en El Frontón fue encargada a la Marina de Guerra. Los capitanes de navío Luis Giampietri Rojas y Juan Carlos Vega Llona tuvieron a su cargo las acciones para recuperar el control. Por orden del entonces viceministro del Interior, Agustín Mantilla, se suspendió toda negociación con los internos.
El 19 de junio, la Marina inició un asalto con armas de alto poder, como morteros, dinamita, explosivos C-3 y bazucas, que destruyeron parte del Pabellón Azul. Según los informes posteriores, tras la rendición de los internos sobrevivientes, varios fueron ejecutados.
De acuerdo con la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en El Frontón murieron al menos 118 internos, muchos de ellos torturados y luego ejecutados. Además, tres infantes de Marina perdieron la vida y otros 20 resultaron heridos.
La Iglesia Católica peruana, en un comunicado publicado el 19 de junio de 1986 titulado “Masacre de los penales de Lima”, denunció la magnitud de lo ocurrido en los tres penales. En Santa Bárbara se registraron dos reclusas muertas; en Lurigancho, según reportes, 124 internos fueron fusilados tras rendirse.
Procesos judiciales e investigaciones internacionales
El caso fue inicialmente remitido a la Justicia Militar, que en 1989 concluyó que no existía responsabilidad de los marinos. Sin embargo, con el tiempo, nuevas evidencias y testimonios llevaron a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera una sentencia en 2000 responsabilizando al Estado peruano por la muerte y desaparición de internos como Nolberto Durand y Gabriel Ugarte, quienes incluso habían sido absueltos de terrorismo antes de la masacre.
En 2004, la Fiscalía especializada en Derechos Humanos presentó una denuncia penal, aunque excluyó al expresidente Alan García y al entonces ministro del Interior, Agustín Mantilla. Recién en enero de 2005 se abrió proceso contra 11 marinos por asesinato en agravio de los internos del Pabellón Azul.
Los documentos de la CVR también señalaron que el propio Alan García consideraba que la represión había eliminado “dos de los principales centros de adoctrinamiento de senderistas”. Estos registros mantienen hasta hoy un debate abierto sobre el papel del Estado y las Fuerzas Armadas en la matanza.
Un lugar con memoria y un nuevo proyecto
El anuncio de la construcción del nuevo penal en El Frontón revive la memoria de este episodio histórico. El lugar, cerrado tras los hechos de 1986, será transformado en un centro de máxima seguridad. Para el Gobierno, representa un paso en la lucha contra la criminalidad organizada. Para la memoria colectiva, también evoca uno de los capítulos más oscuros de la violencia política en el Perú.
