
Un operativo ejecutado por la División de Maniobras Contra el Tráfico Ilícito de Drogas Huallaga terminó con la captura de un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) en actividad involucrado en presunto tráfico ilícito de drogas. El hecho ocurrió en la provincia de Leoncio Prado (Huánuco) y dejó al descubierto cómo la ilegalidad puede alcanzar incluso a las instituciones encargadas de combatirla.
El intervenido fue identificado como Ezequiel Rubén Calixto Inga, suboficial de primera de la Unidad Desconcentrada de Protección de Carreteras Tingo María, quien fue sorprendido el 31 de agosto en la avenida Iquitos del distrito de Castillo Grande, mientras conducía un automóvil Hyundai Accent blanco de placa CEU-665. Según el parte policial, intentó deshacerse de una maleta azul arrojándola por la ventana del vehículo; sin embargo, una vecina del lugar señaló a los agentes el punto exacto donde cayó. En su interior se hallaron cinco paquetes precintados con marihuana.
Tras la intervención, los efectivos procedieron al registro del vehículo. Dentro hallaron una llave que coincidía con la cerradura de una vivienda ubicada en el sector Picuruyacu Alto. Con presencia del fiscal adjunto de la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas (FETID) de Tingo María, Wilmer Jara Godoy, se ingresó al inmueble donde fueron encontrados dos tachos plásticos y un costal que contenían 12 paquetes adicionales de cannabis sativa.
17 paquetes de marihuana y bienes incautados

En total, se decomisaron 17 paquetes de marihuana con un peso exacto de 18 kilos con 485 gramos. Además, se incautaron un celular iPhone 11, S/ 400 en efectivo, una billetera con documentos personales y financieros, y el automóvil utilizado para el traslado de la droga, que según registros se encuentra a nombre de su exesposa. La Policía precisó que esta carga ilícita representaba una afectación económica de S/ 58 417 para la organización criminal que operaba en la zona.
El operativo se realizó mientras el suboficial se encontraba en su día de franco. Según las diligencias iniciales, agentes antidrogas ya le venían siguiendo los pasos ante versiones de que estaría implicado en el traslado de estupefacientes. Tras su captura, fue trasladado al Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas (Depotad) de Tingo María, donde permanece detenido por disposición del Ministerio Público. Se informó que el proceso contempla una detención preliminar de 15 días por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.
El caso cobra mayor relevancia al conocerse que Calixto Inga no es ajeno a investigaciones previas. En el año 2020, la Fiscalía de Aucayacu abrió una indagación preliminar contra él, junto al entonces comisario Pol Solano Pérez y otros dos policías, también por un presunto caso relacionado con drogas. No obstante, hasta la fecha se desconoce el resultado de esas diligencias.
Otro caso en Junín: policía sentenciado por integrar red criminal

En la región Junín, otro expediente mostró el nivel de penetración del narcotráfico en la Policía. En junio de 2022, durante un allanamiento en Chupaca, la Fiscalía encontró marihuana y cocaína en la habitación del suboficial Marco Antonio Rojas Galarza. Las investigaciones lo vincularon con la organización delictiva ‘Los Terribles de la Corrupción y del Narcotráfico’, integrada por policías, civiles y un exfiscal, que operaba coordinando acciones ilícitas desde dentro y fuera de la institución.
El proceso judicial concluyó en noviembre de 2024 con una sentencia de 16 años de prisión por tráfico ilícito de drogas. Aunque Rojas Galarza intentó revertirla, la Corte Superior de Justicia de Junín ratificó la condena el 17 de julio de 2025 y ordenó su captura inmediata.
Pese a las pruebas halladas en su contra, el suboficial continuó apareciendo en registros institucionales de la PNP. Consultas realizadas por el portal OjoPúblico a la comisaría de Chupaca no obtuvieron respuesta, y la Dirección de Comunicación de la Policía Nacional rechazó brindar información sobre su situación administrativa. El caso reveló la dificultad para separar de manera efectiva a agentes involucrados en delitos de narcotráfico, incluso después de tener procesos judiciales en curso.