El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Juan José Santiváñez, respondió públicamente a las investigaciones que el Ministerio Público ha iniciado en su contra, sugiriendo que estas pesquisas buscan únicamente perjudicarlo en el ejercicio de sus funciones. Santiváñez, quien integra el gabinete de la presidenta Dina Boluarte, atribuyó la apertura de los expedientes fiscales a “un objetivo exclusivo de ataque”, según sus propias declaraciones.
El funcionario calificó a la fiscalía de actuar con fines políticos y fue más allá al afirmar que “el Ministerio Público forma parte de una organización criminal, sumado a un grupillo de jueces que están debidamente identificados”. Estas declaraciones se produjeron luego de que el ministro fuera señalado por presuntamente encabezar una red delictiva dentro del Estado. Santiváñez fue enfático en describir lo que considera una estrategia sistematizada de persecución hacia figuras políticas: “Cuando deciden atacar a un político, el modus operandi es el mismo: un dominical, la creación de una noticia crimins, la formulación de un requerimiento, la ejecución y luego un nuevo dominical”.
Sobre los videos recientemente difundidos en los que se le observa reunido con distintas personas en el bar Cordano, próximo al Palacio de Gobierno, Santiváñez sostuvo que se trató de encuentros con individuos de su entorno personal, entre ellos amigos y su abogado. Justificó estas acciones al explicar que, al no mantener vínculos con el Estado, estas personas no podían ingresar a la sede del Ejecutivo, lo que lo llevó a buscar un espacio cercano para conversar. El ministro descartó cualquier vinculación irregular con estos encuentros.
Santiváñez insistió en que la continuidad de las diligencias fiscales respondería a la misma supuesta lógica de persecución. “No tengo ninguna duda que habrán más allanamientos”, manifestó, al reiterar su acusación contra algunos sectores del Ministerio Público. Frente a cuestionamientos sobre el impacto de su situación en la imagen del gobierno, el titular de Justicia negó efectos negativos. Argumentó que, aunque existan investigaciones en su contra, la propia fiscal de la Nación enfrenta causas judiciales aún más complejas y permanece en su cargo. Las declaraciones del ministro han generado reacciones en el ámbito político y mediático, mientras las investigaciones judiciales se mantienen abiertas.
Sospechosas reuniones
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, enfrenta cuestionamientos públicos y judiciales por una serie de reuniones extraoficiales mantenidas durante su gestión, entre ellas varios encuentros en el restaurante Cordano, ubicado cerca del Palacio de Gobierno. Reportajes televisivos difundidos por Cuarto Poder y Punto Final mostraron videos obtenidos por cámaras de seguridad que documentan al ministro reunido con diferentes personas en ese local. Estas citas no aparecen en los registros oficiales del despacho presidencial y, de acuerdo con la investigación, ocurrieron al menos seis veces durante los últimos meses.
Uno de los asistentes frecuentes a estas reuniones fue Marco Palacios Meza, señalado por la fiscalía como presunto operador de una organización criminal que habría estado supuestamente liderada por Santiváñez. Palacios Meza, además de haber sido socio jurídico del ministro, figura en visitas oficiales y también en encuentros fuera de la agenda pública. Versiones protegidas dentro del proceso judicial sostienen que Palacios Meza habría actuado como intermediario para distribuir contratos de defensa legal a abogados cercanos a su entorno, en favor de policías investigados por hechos ocurridos en las protestas de 2022. Estos servicios legales, según la fiscalía, significaron la entrega de hasta un millón de soles en órdenes de servicio.
Bajo la dirección de Santiváñez, la Defensoría de la Policía Nacional modificó criterios de contratación, lo que favoreció la inclusión de allegados y la reducción de requisitos técnicos. El general Máximo Ramírez, director de dicho organismo, negó cualquier trato preferencial y aseguró que las gestiones fueron abiertas a todos los interesados.
En respuesta, Santiváñez negó ilegalidades desde una cuenta no oficial, señalando que los reportajes forman parte de una campaña de desprestigio contra su persona y defendió la naturaleza profesional de las reuniones. El ministro aseguró que todos los videos fueron compartidos con la fiscalía conforme a los procedimientos legales.
