El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó un despliegue nacional sin precedentes durante la madrugada del sábado, con la finalidad de frenar el accionar de organizaciones criminales que articulaban extorsiones desde las cárceles. La operación se realizó en los 68 establecimientos penitenciarios del Perú y contó con la participación de agentes penitenciarios, efectivos policiales y representantes del Ministerio Público.
De acuerdo con la institución, la medida buscó restablecer la disciplina dentro de los penales, reforzar la seguridad ciudadana y cortar los canales de comunicación ilegal que permitían a los internos coordinar delitos fuera de los muros. El operativo se concretó en paralelo al control de un motín en el penal de Cajamarca, donde dos agentes fueron retenidos por un grupo de internos en rechazo a la requisa de objetos prohibidos.
Intervención nacional en todos los penales
La operación involucró la movilización de 1.174 agentes penitenciarios, 2.091 efectivos de la Policía Nacional del Perú y 104 fiscales del Ministerio Público, quienes ingresaron de manera simultánea a los recintos penitenciarios. El trabajo se desarrolló en pabellones, celdas y zonas comunes, con el objetivo de identificar y retirar equipos y sustancias ilegales que alimentaban la criminalidad organizada.
Durante las requisas se decomisaron teléfonos celulares, chips, armas blancas y estupefacientes como pasta básica de cocaína y marihuana. El INPE precisó que los reclusos vinculados con estos hallazgos serán trasladados a penales de mayor seguridad en provincias, a fin de aislarlos de sus entornos y limitar sus posibilidades de contacto externo.
Control de motín en penal de Cajamarca
Mientras se desarrollaba el megaoperativo, el penal de Cajamarca registró un motín protagonizado por internos del pabellón número 5. El incidente se originó luego de que personal penitenciario ingresara a realizar inspecciones en busca de licor, armas punzocortantes y equipos de comunicación.
Los reclusos retuvieron a dos agentes como medida de presión, lo que motivó la intervención de la Policía y la coordinación con el Ministerio Público. Tras varias horas de tensión, las autoridades lograron retomar el control al mediodía, confinar a los responsables y liberar a los trabajadores sin mayores consecuencias. El INPE informó que evalúa su traslado a establecimientos de máxima seguridad como acción correctiva.
Objetivo: cortar las redes de extorsión
El presidente del INPE, Iván Paredes, indicó que la estrategia está dirigida a desarticular las estructuras criminales que intentan operar desde las cárceles. Remarcó que la institución no dudará en disponer el traslado de internos hacia penales de alta contención si se confirma su participación en actos ilícitos.
Asimismo, señaló que estas intervenciones buscan reforzar el principio de autoridad y garantizar que los penales cumplan su función de rehabilitación. El funcionario aseguró que la política institucional será de tolerancia cero ante la indisciplina y las maniobras de extorsión contra ciudadanos y empresarios fuera de los muros.
INPE endurece medidas de seguridad
La entidad penitenciaria recalcó que el megaoperativo forma parte de un plan de control permanente que se desplegará en distintos penales del país. Además de las requisas, se implementarán traslados de internos considerados de alta peligrosidad hacia recintos de máxima seguridad, donde la vigilancia es reforzada y la comunicación con el exterior se encuentra más restringida.
El INPE enfatizó que la participación conjunta de las fuerzas del orden y del Ministerio Público busca garantizar transparencia en las acciones y consolidar el control de los establecimientos penitenciarios. Con ello, la institución reafirmó su compromiso de cortar los vínculos entre el crimen organizado y los penales del país.
