El Mes de las Infancias constituye un llamado urgente a mirar con responsabilidad y compromiso la realidad que enfrentan millones de niñas y niños en nuestro país. Detrás de cada sonrisa pueden esconderse historias de desigualdad, exclusión y vulneración de derechos. Comprender con conciencia crítica la situación de la niñez implica ir más allá de los gestos simbólicos: significa garantizar condiciones reales para que cada niña y cada niño crezca en entornos seguros, saludables y estimulantes.
La Atención y Educación de la Primera Infancia (AEPI) reconoce a la niñez como sujeto de derechos, ciudadana activa desde su nacimiento, con capacidad para aprender, expresarse, jugar, crear vínculos y transformar su entorno. Por ello, este mes debe ser una oportunidad no solo para celebrar, sino también para visibilizar las brechas que persisten y exigir políticas públicas integrales que aseguren su desarrollo físico, emocional, cognitivo y social.
Las cifras reflejan una realidad preocupante. En el Perú, el 43,1% de niñas y niños entre 6 y 35 meses de edad presenta anemia, llegando al 50,3% en zonas rurales y al 40,2% en áreas urbanas, según la ENDES 2023. La desnutrición crónica afecta al 11,5% de la niñez menor de cinco años, con mayor prevalencia en áreas rurales (20,3%) frente a las urbanas (8,1%).
En materia de crianza, persisten prácticas violentas que vulneran derechos fundamentales: el 9,2% de los padres y el 11% de las madres reportan haber recurrido al castigo físico como método correctivo en niñas y niños de 1 a 5 años. A ello se suma que el 18,9% de los padres manifiesta altos niveles de estrés parental, lo cual impacta negativamente en el desarrollo emocional de sus hijas e hijos. Algunos cuidadores enfrentan condiciones aún más difíciles: el 29,2% de quienes atienden a niñas y niños con discapacidad y el 21,5% de cuidadores sin pareja presentan mayores riesgos psicosociales, según la Encuesta ECIC 2024.
La pobreza infantil es otra deuda pendiente: cuatro de cada diez niñas y niños menores de cinco años viven en situación de pobreza, lo que restringe su acceso a salud, nutrición, educación y protección (INEI). La violencia también marca la infancia: siete de cada diez niñas, niños y adolescentes han sufrido algún tipo de violencia en el hogar (UNICEF Perú), una práctica normalizada que perpetúa ciclos de maltrato. Asimismo, uno de cada tres corre el riesgo de ver afectada su salud mental debido a las secuelas de la pandemia y la falta de entornos protectores y afectivos.
Ante esta realidad, distintas voces resaltan la necesidad de priorizar la primera infancia en la agenda pública. Para Mercedes Mayol, presidenta mundial de la OMEP, la primera infancia debe estar en el centro de las políticas públicas, porque es allí donde se construyen las bases del desarrollo humano, la equidad y la justicia social. En la misma línea, Angélica Pongutá, directora de Investigación del Centro de Primera Infancia del Tec de Monterrey, plantea articular “la ciencia, la investigación básica y la acción social como pilares fundamentales para transformar las condiciones de vida en la primera infancia”. Su enfoque invita a diseñar programas efectivos y a generar evidencia robusta que oriente decisiones políticas sostenibles.
Finalmente, se impone un llamado a la acción: invertir con sentido de urgencia y corresponsabilidad en la infancia. La evidencia empírica confirma que la inversión en atención y educación de la primera infancia es una estrategia esencial para reducir desigualdades desde el entorno familiar y garantizar mayores oportunidades educativas a lo largo de la vida. Para ello, las políticas públicas deben aplicarse con oportunidad, cobertura suficiente y enfoque intersectorial.
¡Comprometidos con las infancias, para que sus sueños, risas y preguntas nos guíen hacia un Perú más justo, humano y esperanzador!
