El músico británico Roger Waters, reconocido internacionalmente por su trayectoria como integrante de Pink Floyd, emitió un pronunciamiento público respecto a la huelga de hambre de Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros del Perú. A través de una publicación difundida en redes sociales, Waters se refirió a la situación de Chávez, quien permanece recluida tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, episodio que culminó con la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo.
En su mensaje, Waters recordó que Betssy Chávez fue funcionaria del gobierno de Castillo y advirtió sobre la gravedad de su estado actual: “Morirá en cuatro días”, afirmó, en referencia a la huelga de hambre que la ex primera ministra sostiene en prisión. El músico aprovechó la ocasión para criticar al gobierno de Dina Boluarte, a quien calificó de encabezar una “dictadura”. Según sus declaraciones, “Perú lo que necesita ahora mismo es un gobierno que represente a la gente del pueblo del Perú”, enfatizó en la grabación difundida en su cuenta personal.
La postura de Roger Waters se inscribe en una serie de intervenciones del músico respecto a la crisis política peruana, en las cuales ha mostrado su respaldo al expresidente Pedro Castillo. Desde la prisión de Barbadillo, donde cumple condena, Castillo agradeció el pronunciamiento del artista británico, señalando: “Agradezco a Roger Waters por su solidaridad con Betssy Chavez y mi situación de legítimo presidente secuestrado”.
En su respuesta, Castillo extendió el llamado a la comunidad internacional para que, según sus palabras, “continúe apoyando la causa del pueblo peruano y se mantenga del lado de la justicia y la verdad”.
A pesar de sus reiteradas intervenciones en el debate público, Waters ha evitado reconocer el intento de quiebre del orden constitucional ejecutado por Pedro Castillo al anunciar la disolución del Congreso. Las declaraciones tanto del músico británico como del expresidente Castillo ocurrieron en un contexto marcado por la persistente polarización política y social en el Perú, así como por la atención internacional a la situación de derechos humanos en el país.
Pronunciamiento desde la cárcel
La expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, continúa una huelga de hambre en el Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres de Chorrillos, medida que según documentos oficiales pone en grave riesgo su vida. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha confirmado que Chávez lleva al menos cinco días negándose a recibir atención médica y rechazando la medición de sus signos vitales.
En un consentimiento informado validado ante el Ministerio de Justicia, Chávez reconoció que “existen altos riesgos de fallecimiento” si mantiene esta decisión, y fue alertada sobre la posibilidad de falla renal, alteraciones de la consciencia, problemas cardiovasculares y muerte en un plazo de tres a cinco días. El documento incluye la firma de la exfuncionaria y del médico penitenciario encargado de su seguimiento.
Las autoridades han dispuesto un monitoreo permanente del estado de Betssy Chávez, e indicaron que todo cambio en su condición debe ser reportado y documentado. Su situación ha generado solicitudes individuales y colectivas para un posible traslado a otro penal, aunque el INPE informó que cada interna debe tramitar la petición por separado y el pedido sigue en evaluación.
Chávez alega hostigamiento y amenazas dentro del establecimiento, así como vínculos de la directora con la organización Sendero Luminoso. Autoridades penitenciarias han negado la existencia de pruebas sobre maltratos o amenazas. En carta reciente, la ex primera ministra anunció que radicalizaba su medida de protesta y establecía disposiciones testamentarias; pidió que sus restos fueran entregados a su abogado y cremados en Tacna, en caso de fallecimiento.
Por su parte, el expresidente Pedro Castillo responsabilizó al gobierno de Dina Boluarte por la situación de Chávez y solicitó la intervención de organismos internacionales. La defensa de la excongresista ha cuestionado la atención brindada y advierte que se estarían vulnerando derechos fundamentales, mientras las autoridades mantienen la vigilancia sobre el caso.
