En el marco del caso ‘Cócteles’, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, aseguró que los aportes hechos a Fuerza Popular para las campañas electorales del 2011 y el 2016, fueron de origen lícito. “Hasta el día de hoy no se ha determinado lo más importante. Para hablar de lavado de activos tenemos que hablar de la determinación de una fuente ilícita”, dijo en diálogo con Canal N.
Indicó que incluso en el caso de Odebrecht, ni siquiera “se ha determinado que la caja 2 fuera de fuente ilícita”. Menciona que así lo han declarado diversos funcionarios de la empresa brasileña de construcción cuando acudieron a interrogarlos. “En el caso de los señores Humala, el señor Barata y el señor Odebrecht dijeron que esto no era de fuente ilícita”, acotó.
“Entonces, hagamos el siguiente ensayo. Si supuestamente los que habrían dado no conocían la determinación de fuente ilícita y, por el contrario, consideran que es fuente lícita, ¿cómo supuestamente vas a forzar a quien supuestamente recibió que era de fuente ilícita? Entonces, es, es inconcebible", aseguró.
Para el Ministerio Público, aseguró, esto implicaría una falta administrativa, es decir, que “no calza dentro de la estructura del tipo penal”. “El señor Yoshiyama y el señor Bedoya siempre han negado haber recibido, porque son a ellos a quienes los mencionan”, dijo.
Relación con la carretera Interoceánica
Loza también recordó que uno de los argumentos del caso es que Keiko Fujimori ya tenía relación o conocimiento de las operaciones de la compañía brasileña cuando en realidad, “hasta el 2015 en absoluto nadie tenía conocimiento de las actuaciones de esa empresa”.
“Es que eso es falso lo que ha dicho el señor fiscal (...), porque en el tema de la Interoceánica, que no es lo que habían precisado, ese fue un informe que en su momento incluso fue discutido y pasó por tres comisiones del Congreso y, de los 120 congresistas que votaron, solamente cinco eran de Fuerza Popular, e incluso en las votaciones centrales donde se aprobaron estos informes no participó Keiko Fujimori”, afirmó.
José Domingo Pérez sobre el habeas corpus de Fujimori
El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, cuestionó la posibilidad de que el Tribunal Constitucional (TC) reemplace las funciones de la justicia penal ante el habeas corpus presentado por Keiko Fujimori. Pérez afirmó que la resolución del TC no puede ir en contra de lo que corresponde decidir al fuero penal ordinario, el cual se encuentra a cargo de las investigaciones y juicios relacionados con casos de corrupción y lavado de activos.
El pedido tiene como eje central dejar sin efecto las investigaciones, los procesos penales y las medidas restrictivas impuestas a la líder de Fuerza Popular, en el marco del caso Cócteles. La defensa de la política naranja busca que el TC anule resoluciones judiciales previas, en un intento de frenar el avance del proceso penal en su contra por presunto lavado de activos.
Domingo Pérez recordó que el tribunal no es un órgano revisor de procesos penales, sino que su ámbito se encuentra relacionado con la defensa de derechos constitucionales. Advirtió que conceder el habeas corpus significaría un peligroso precedente de interferencia en la labor jurisdiccional penal. A su juicio, ello afectaría la autonomía del Poder Judicial y el Ministerio Público, pilares del Estado de derecho.
