En los últimos años, la política pesquera en el Perú ha estado marcada por el desafío constante de equilibrar la promoción de la formalización de la pesca artesanal con la necesidad de preservar la sostenibilidad de los recursos marinos y garantizar el abastecimiento de las plantas procesadoras nacionales. Recientemente, la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso del Perú anunció su respaldo para gestionar ante el Ejecutivo la ampliación del plazo del Decreto Legislativo que promueve la formalización de la pesca artesanal, con el objetivo de apoyar la reactivación económica de miles de familias que dependen de esta actividad. Sin embargo, dada la sobredimensión actual de la flota, la extensión de plazos no resulta recomendable, pues podría incrementar la presión sobre los recursos, afectando la sostenibilidad del sector y la formalidad de la pesca, así como poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y el abastecimiento de las plantas procesadoras nacionales.
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, nace cuando un sector pesquero opera al margen de las normas establecidas, aprovechando vacíos regulatorios, falta de supervisión efectiva o tolerancia a la informalidad. En el Perú, el problema se agrava cuando se promueven políticas que extienden plazos o flexibilizan requisitos para formalizar la actividad artesanal sin conocer de manera cierta la sostenibilidad la flota ya existente abordar simultáneamente los mecanismos de control y fiscalización. Este tipo de medidas, bajo la apariencia de apoyo al pescador artesanal, terminan beneficiando indirectamente a quienes operan en la ilegalidad, perpetuando un ciclo que debilita la economía formal y compromete la sostenibilidad del recurso.
Es cierto que existen esfuerzos importantes por formalizar la pesca artesanal. Según el Ministerio de la Producción - PRODUCE, más de 1,000 pescadores artesanales han accedido recientemente a cursos de formalización, destinados a que obtengan su carné de pescador artesanal, un requisito básico para operar legalmente en el sector. Esta iniciativa demuestra que la formalización es posible, con procesos claros, acompañamiento técnico y plazos realistas.
El riesgo de tales políticas es doble. Primero, se genera desabastecimiento y presión sobre las actividades pesqueras legalmente constituidas, ya que la expansión de la pesca no regulada compite directamente con las flotas y plantas procesadoras que cumplen con estándares ambientales, laborales y de trazabilidad. Segundo, se debilita el marco institucional y científico que sustenta la gestión pesquera, al incentivar prácticas que el Estado no puede supervisar de manera efectiva.
La pesca ilegal aumenta la vulnerabilidad de los stocks y compromete la sostenibilidad de los recursos, generando además un impacto económico significativo. Según la Sociedad Nacional de Pesquería, el sector pierde hasta 500 millones de dólares anuales. Estas pérdidas, comparables a las de la minería ilegal, reflejan cómo la informalidad amenaza tanto la economía como el orden del país. Regiones como Ica, Chimbote, Paita y Piura muestran una fuerte presencia de pesca ilegal que opera fuera de cualquier control estatal, afectando directamente a las plantas formales y a la seguridad alimentaria de millones de peruanos (SNP, 2025).
La proliferación de astilleros ilegales y la construcción desmedida de embarcaciones aumentan el riesgo. Estas naves, sin supervisión técnica ni autorización oficial, comprometen la seguridad de los pescadores y alimentan un mercado paralelo que compite de manera desleal con la flota legal. Como resultado, la actividad formal pierde abastecimiento y capacidad de generación de empleo, mientras las economías ilegales prosperan.
Lamentablemente, mientras este problema crece, algunas ONG concentran sus esfuerzos en cuestionar la pesca formal y regulada, desviando la atención de lo verdaderamente crítico como combatir la ilegalidad. Este “ruido” mediático que desinforma y distrae de los verdaderos problemas termina favoreciendo, directa o indirectamente, la expansión de la economía ilegal. Es un patrón que se repite en otros sectores estratégicos del país, como la minería, la agricultura y la actividad forestal, donde la crítica desproporcionada a operaciones legales termina abriendo espacio a la informalidad y al incumplimiento normativo.
La pesca artesanal, columna vertebral del sector de pequeña escala, requiere procesos de formalización claros, con plazos perentorios, realistas y acompañados de capacitación, sistemas de trazabilidad e incentivos efectivos para la flota nacional. La ampliación de plazos no debe convertirse en una medida populista que perpetúe la ilegalidad ni genere incertidumbre en las comunidades costeras. Solo con un marco regulatorio sólido y operativos coordinados por las Entidades pertinentes, se logrará que la formalidad sea competitiva frente a la alternativa ilegal, se sancione a quienes operen fuera del marco legal y se proteja la sostenibilidad de los recursos.
La solución no está en prolongar plazos ni en medidas populistas que aparentan impulsar la formalización, sino en una acción decidida y coordinada que combine regulación estricta, incentivos reales para la flota nacional y combate frontal y tajante a la pesca ilegal y a los astilleros informales. Solo así se podrá garantizar un sector pesquero formal, sostenible y capaz de contribuir a la seguridad alimentaria y al desarrollo económico del país, evitando que la pesca ilegal se convierta en un problema similar a la minería ilegal.
El mensaje es claro, extender plazos de manera indiscriminada y promover medidas populistas no es una solución. Estas acciones, aunque presentadas como un apoyo a la pesca artesanal, terminan favoreciendo a los operadores ilegales y debilitando la sostenibilidad del recurso. La formalidad debe incentivarse con claridad, responsabilidad y realismo, apoyándose en las iniciativas de capacitación y formalización que ya se vienen implementando de manera efectiva y que han demostrado resultados concretos que finalmente deben impactar positivamente al sector pesquero del país.
