El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, respondió a la solicitud de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios —Equipo Especial Lava Jato, a raíz de la entrevista que realizó desde el penal de Barbadillo. A través de un oficio, confirmó que el interno Martín Vizcarra no solo no contaba con autorización, sino que pidió la llamada con engaños.
En el documento N° D000888-2025-INPE-PRE, el responsable del INPE detalló que el pasado 22 de agosto el exmandatario solicitó llamar a su abogado Erwin Siccha para comunicarle respecto de su traslado a otro establecimiento. “Sin embargo, utilizó dicha comunicación para establecer contacto con el medio RPP”, expresó.
De acuerdo al informe, “al percatarse el técnico de pabellón que el interno se encontraba en diálogo con otra persona que no era su abogado, inmediatamente solicitó que se corte la llamada”. Además, se le comunicó que no puede realizar ese tipo de declaraciones a la prensa sin autorización.
“En el Instituto Nacional Penitenciario, la posibilidad que un interno pueda realizar una entrevista a un medio de comunicación se encuentra debidamente regulado por la Directiva N°008-2021-INPE-GG, aprobada el 4 de octubre de 2021. Procedimiento que no se ha cumplido y, por el contrario, se ha tratado de burlar al realizar una llamada para comunicarse con un tercero no autorizado“, sentencia el documento firmado por Paredes Yataco.
Documento fue realizado tras el requerimiento fiscal en el que se solicitó, en un plazo máximo de 24 horas, informar quién autorizó la llamada la interno donde “se advierte que realizó declaraciones de naturaleza política y/o proselitista por varios minutos”.
Como argumento, el Ministerio Público recordó que, aunque las personas privadas de libertad tienen derecho a comunicarse con familiares y amigos, el Código de Ejecución Penal establece que ese derecho debe ejercerse bajo condiciones que prohíben expresamente actividades políticas o partidarias.
Cabe mencionar que no se especificó si se realizaría un procedimiento administrativo disciplinario por la comisión de una presunta falta administrativa. No obstante, en diálogo con Infobae Perú, el abogado Luis Miguel Caya precisó que si bien este hecho podría sancionarse con la suspensión de visitas y otros hechos, además de ser utilizado por el fiscal Juárez Atoche en el caso en contra del exmandatario, “por ser primera vez, lo más probable es que desde el INPE solo se le de una advertencia”.
¿Qué dijo Martín Vizcarra en esa entrevista?
En la entrevista concedida a RPP minutos antes de ser retirado del penal de Barbadillo (al que retornó este miércoles 27 de agosto), el expresidente Martín Vizcarra expuso abiertamente su crítica a las decisiones judiciales y administrativas que determinaron su reclusión y posterior traslado. Según relató, tanto la prisión preventiva en su contra como el cambio de establecimiento penitenciario obedecen a razones políticas y no a criterios técnicos o jurídicos.
“El INPE depende del Ministerio de Justicia y este de la presidenta Dina Boluarte. Lo digo con todas sus letras: estoy aquí por una decisión política, no por criterios técnicos”, declaró. El exmandatario explicó que dos juntas calificadoras del sistema penitenciario coincidieron en que correspondía mantenerlo en Barbadillo, pero que la decisión final de trasladarlo respondió a “órdenes de otro nivel”.
