Un nuevo escándalo reavivó la preocupación por la violencia contra la mujer y los delitos sexuales que se difunden en redes sociales. Jesús Emanuel Terrones Ninahuamán, conocido como ‘Gianluca’, es un youtuber peruano acusado en 2023 de grabar y compartir videos íntimos de mujeres sin su consentimiento. El caso vuelve a cobrar notoriedad, ya que sigue activo en Telegram y, en conversaciones filtradas, reconoce ser portador de VIH y manifiesta su intención de contagiar a sus víctimas.
Los testimonios de varias mujeres señalan un mismo patrón: encuentros en los que fueron presuntamente drogadas, grabadas sin autorización y luego expuestas en grupos de Telegram. Una de ellas relató al programa Contra Corriente de Willax que despertó en un hotel sin recordar lo sucedido y días después un amigo la alertó de un video íntimo suyo circulando en internet.
“Él abusó de mí y me enteré que tenía VIH. Gracias a Dios me hice las pruebas y salieron negativas”, declaró entre lágrimas.
Estos hechos se enmarcan en los delitos de violación a la intimidad y difusión de material sexual sin consentimiento, contemplados en los artículos 154 y 154-B del Código Penal peruano, con penas de cárcel que van desde los tres hasta los ocho años.
El mercado clandestino en Telegram
La investigación periodística reveló que ‘Gianluca’, quien tiene denuncias por grabaciones sin consentimiento desde el 2023, administra impunemente grupos en Telegram con más de 7,000 miembros activos, donde ofrece paquetes de videos. Los precios van desde 60 soles por material del 2023 hasta 100 soles por contenido reciente, promocionado como “real, sin filtros y con historia”.
En los chats, el acusado incluso presume de consumir medicamentos antirretrovirales, insinuando su condición de portador de VIH, mientras muestra las pastillas en cámara para convencer a sus seguidores. “La idea es contagiar de VIH a todas las flacas q pueda”, se le escucha decir en un video en vivo.
Impunidad y respuestas de la familia
Un equipo periodístico acudió al domicilio de Terrones Ninahuamán y conversó con familiares, quienes reconocieron que enfrentó denuncias en el pasado, pero aseguraron que “todo se archivó” y que desconocen su actividad actual. Sin embargo, las evidencias apuntan a que los videos continúan publicándose en el 2025.
“Él hizo sus gestiones, todo se archivó porque no había pruebas”, señaló su madre, aunque admitió que estaba al tanto de una denuncia anterior. Incluso, en un momento de la entrevista, intentó justificar la difusión de estos materiales prohibidos cuestionando la moral de las mujeres implicadas.
Urgencia de acción judicial
Mientras los videos siguen circulando en el submundo de internet, las víctimas reclaman justicia y un alto a la impunidad. La División de Delitos Informáticos de la Policía Nacional es la encargada de dar seguimiento a este caso, aunque hasta el momento no hay respuesta oficial sobre este caso.
Mientras los videos continúan circulando en espacios clandestinos de internet, las víctimas exigen justicia y el fin de la impunidad. La División de Delitos Informáticos de la Policía Nacional es la entidad responsable de abordar este tipo de situaciones, aunque hasta ahora no se ha conocido una respuesta oficial sobre el caso.
