El allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, generó impacto político inmediato. Sin embargo, fuentes fiscales y periodísticas confirmaron que la diligencia no estaría relacionada con el caso Los Waykis en la sombra, como inicialmente se especuló, sino con una nueva investigación sobre un presunto esquema de corrupción que gira en torno al control de la mina El Dorado, en Ayacucho.
De acuerdo con la tesis fiscal, el Estudio Santiváñez habría intervenido a favor del empresario minero Franco Parodi, quien buscaba recuperar el control de la mina El Dorado. Para ello, se habrían coordinado operativos policiales con anuencia del entonces ministro del Interior y hoy ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.
Las diligencias policiales, realizadas en 2024, habrían contado con el respaldo de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía, a cargo del general Gregorio Villalón. Según la Fiscalía, estos operativos no fueron gratuitos: se habrían pactado pagos de hasta 160 mil dólares para favorecer los intereses de Parodi.
El operativo Ícaro 2025
La Unidad de Investigación de Panorama reveló documentos y testimonios que comprobarían vínculos entre Santiváñez, sus allegados y el empresario minero. A raíz de estas evidencias, la Fiscalía puso en marcha el Operativo Ícaro 2025, que incluyó allanamientos en las viviendas de Nicanor Boluarte, de Franco Parodi y de abogados del estudio Santiváñez.
Entre los investigados figuran:
- Juan José Santiváñez Antúnez, ministro de Justicia.
- Percy Tenorio Gamonal, abogado vinculado al estudio.
- Marco Antonio Palacios Meza, socio de Santiváñez.
- Yesenia Stefany de la Cruz Rivas.
- Gregorio Martín Villalón Trillo, general PNP.
- Yber Torres Pariona.
El Ministerio Público sostiene que esta red configuraría una organización criminal dedicada a tráfico de influencias, manipulación de procesos administrativos y coordinación de operativos ilegales.
La participación de Nicanor Boluarte
La investigación señala que Santiváñez habría buscado ayudar a Nicanor Boluarte a obtener arraigo laboral para evitar medidas judiciales en su contra. Testimonios y registros de video lo ubican en reuniones en las oficinas del abogado Percy Tenorio, donde se habría evaluado vincularlo como “consultor” en la empresa minera.
El objetivo, según la tesis fiscal, era reforzar su situación procesal en el caso Waykis y evitar una eventual prisión preventiva.
Defensa y reacciones políticas
El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, negó cualquier relación de su patrocinado con Santiváñez o con el sector minero. “Mi patrocinado no tiene nada que ver con una minera, no conoce al señor Santiváñez ni a sus allegados. Esto es un abuso y un acto innecesario de la Fiscalía”, declaró a la prensa.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, calificó el allanamiento como una “persecución política” contra la presidenta y su entorno. No obstante, Infobae Perú constató que el Tribunal Constitucional señaló expresamente que el entorno del presidente sí puede ser investigado sin restricciones.
Una investigación paralela a ‘los Waykis’
Si bien Nicanor Boluarte es uno de los principales implicados en el caso Los Waykis en la sombra —una red que habría colocado personas de confianza en prefecturas y subprefecturas de todo el país—, el allanamiento de este miércoles responde a un expediente distinto.
La directora de Cuarto Poder, Vicky Zamora, precisó que la investigación de la mina El Dorado se abrió en marzo de 2025 y avanza de forma paralela al caso Waykis. Ambos procesos, sin embargo, colocan a Nicanor Boluarte en el centro de la tormenta judicial y política.
Un “hombre clave”
La Fiscalía ubica a Santiváñez como el “hombre clave” de la red. Según los documentos obtenidos, no solo habría influido en operativos policiales para favorecer a mineros, sino también en contrataciones públicas, ascensos y la manipulación de defensas legales de policías investigados por muertes en protestas.
La figura de Santiváñez, cercano al círculo presidencial, genera suspicacias sobre si su designación en el Ministerio de Justicia tuvo como objetivo frenar investigaciones en su contra.
En ese sentido, el Ministerio Público continuará con el análisis de documentos incautados en los allanamientos. El caso El Dorado abre un nuevo frente judicial que involucra a Nicanor Boluarte y a uno de los ministros más influyentes del actual gabinete.
