La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) actualizó su Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, imponiendo condiciones más estrictas para la contratación de influencers, agencias y proveedores digitales en campañas políticas. La reforma incluye pautas claras para la franja electoral en redes sociales y establece que el plan de medios será obligatorio en la programación y contratación de espacios para propaganda electoral.
Estas modificaciones, publicadas el 25 de agosto de 2025 mediante Resolución Jefatural N° 000137-2025-JN/ONPE y difundidas por El Peruano, definen nuevas exigencias para los actores que participan en la difusión digital de campañas.
No cualquier influencer podrá sumarse a la campaña electoral de la ONPE
A partir de esta actualización, solo agencias y personas con experiencia y cifras verificables podrán participar bajo reglas estrictas. Se limita el acceso al catálogo de proveedores a agencias de medios que demuestren al menos cuatro años trabajando en campañas digitales y hayan gestionado inversiones superiores a 186 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) en ese periodo.
Por su parte, los influencers y creadores de contenido deben probar la existencia de una comunidad sólida en redes sociales: al menos un año de actividad comprobada, 100.000 seguidores y métricas confiables de interacción.
Estos cambios surgen luego de que la ONPE detectara la necesidad de modernizar la supervisión sobre el financiamiento público y el control de las campañas. La autoridad electoral aclara que solo las plataformas, agencias y personas previamente aprobadas y registradas podrán difundir mensajes en el marco de la franja electoral digital.
Plan de medios: pilar en la distribución de propaganda electoral, según ONPE
En adelante, el plan de medios se convierte ahora en instrumento central para las campañas. Todas las organizaciones políticas deberán elaborar, presentar y ajustar su estrategia de selección y asignación de los distintos espacios ofrecidos por radio, televisión y redes sociales, según el catálogo aprobado por la ONPE para cada proceso electoral.
La autoridad electoral usará este plan para verificar que las estrategias y la asignación de recursos cumplan con las reglas de transparencia y equidad. Dentro del plan de medios, partidos y alianzas elegirán los horarios, plataformas y formatos más adecuados para sus campañas, considerando los montos adjudicados de financiamiento público indirecto.
La ONPE distribuirá la mitad del tiempo y recursos en radio, TV y medios digitales de manera igualitaria, y la otra mitad según la representación parlamentaria. En redes sociales, todas las agrupaciones recibirán recursos equivalentes y podrán seleccionar hasta tres plataformas digitales diferentes por proceso.
Publicidades electoral en medios digitales y creadores de contenido
El acceso al catálogo de proveedores queda limitado a quienes acrediten experiencia, legalidad y métricas sólidas. Las agencias deberán estar inscritas en el Registro Nacional de Proveedores, presentar documentación legal actualizada y probar su historial y nivel de inversiones en campañas digitales.
Para los influencers y creadores, la exigencia será igual de rígida: solo podrán inscribirse quienes demuestren actividad comprobada durante al menos un año, una audiencia superior a 100.000 seguidores y tasas mínimas de interacción. Las plataformas digitales elegidas deben estar también inscritas y pasar el proceso de evaluación.
El periodo de registro de proveedores será de quince días desde la convocatoria oficial de la ONPE. Quienes no entreguen toda la documentación o no cumplan requisitos específicos serán excluidos automáticamente.
ONPE: ¿cómo querda la franja electoral en medios digitales?
La franja electoral digital será obligatoria para todos los procesos nacionales, regionales y municipales, limitada a un periodo de 60 días antes de los comicios y hasta dos días previos al voto. Los anuncios difundidos en redes sociales, radio y televisión tendrán una duración máxima de 30 segundos.
Las tarifas de los espacios publicitarios deberán quedar por debajo de los precios comerciales habituales, como tarifa social, y constituirán declaración jurada. El objetivo es optimizar el gasto público y asegurar transparencia en el acceso de los partidos y candidatos a los medios.
El representante designado por cada agrupación política, debidamente acreditado, deberá suscribir digitalmente la elección de espacios dentro del plan de medios, autorizando la distribución y pauta contratada.
Vigilancia sobre contratación, contenido y pagos por campaña electoral
Todos los mensajes presentados para difusión deberán recibir autorización previa de la ONPE, que controlará el cumplimiento de los estándares legales, la protección contra la discriminación y la exclusión de mensajes agresivos o que afecten a candidaturas no vinculadas al proceso. Solo se permitirá la difusión de propuestas y planes de gobierno.
Al culminar el periodo de campaña, los proveedores enviarán un informe sobre lo emitido, acompañado de un registro digital. La ONPE efectuará los pagos únicamente cuando certifique la total correcta transmisión.
Pero el reglamento actualizado cubre a partidos, alianzas y movimientos regionales inscritos, acompañados de su personal directivo, candidatos y responsables de campaña. También alcanza a promotores y autoridades sometidas a consulta. Cualquier medio, agencia o persona que comercialice espacios o brinde servicios vinculados a campañas quedará sujeto a fiscalización.
Además, quedan comprendidos todos los medios de comunicación: radios, canales de televisión, prensa, y las principales redes sociales del entorno digital (Facebook, Instagram, YouTube, X, entre otras). Quedan además reguladas las operaciones económicas y de servicios entre organizaciones políticas y terceros, tanto nacionales como extranjeros.
ONPE: reglas para actividades de financiamiento proselitista y gastos ordinarios
El nuevo reglamento limita los ingresos por actividades proselitistas a 200 UIT por evento. Todas las actividades, aportantes y asistentes tendrán que ser declarados ante la ONPE con antelación y documentos de respaldo. Ningún fondo proveniente del financiamiento público directo podrá usarse para campañas electorales en medios ni para gastos distintos a los autorizados.
Las organizaciones están obligadas a rendir cuentas de los fondos públicos recibidos cada año, con la documentación completa y digital requerida. La ONPE podrá desestimar, observar y solicitar subsanaciones rápidas si detecta inconsistencias.
La entrada en vigor de estas nuevas disposiciones es inmediata tras la publicación en el diario El Peruano y la web de la ONPE. El reglamento será de cumplimiento obligatorio en los próximos procesos electorales de cualquier nivel. La ONPE notificó formalmente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), asegurando coordinación en la fiscalización y ejecución de la nueva normativa.
