A más de diez años del asesinato de cuatro líderes indígenas ashéninkas de la comunidad Alto Tamaya-Saweto, en Ucayali, la justicia peruana confirmó las condenas de 28 años y tres meses de prisión contra cuatro de los acusados.
Sin embargo, la ejecución de la sentencia está en suspenso: los condenados no estuvieron presencialmente en la audiencia y hasta ahora no han sido capturados, lo que mantiene viva la preocupación de lass familias por una posible fuga a Brasil atentados contra sus vidas y que la condena quede en papel.
El crimen, ocurrido el 1 de septiembre de 2014, acabó con la vida de Edwin Chota Valera, Francisco Pinedo Ramírez, Jorge Ríos Pérez y Leoncio Quintisima Meléndez, dirigentes que denunciaban la tala ilegal en su territorio. Para sus viudas, la ratificación de la condena es un avance, pero aún insuficiente.
“Lo que falta ahora es que se ejecute la sentencia, que los capturen. No podemos esperar más”, reclamó Rocío Trujillo, abogada del caso, para Canal N.
Una década de lucha por justicia
El proceso penal fue largo y lleno de obstáculos. En 2023, la Sala Penal de Apelaciones de Ucayali anuló una primera sentencia por “defectos en la valoración de pruebas”, lo que obligó a reiniciar el juicio.
Finalmente, en abril de 2024, se dictó en primera instancia una condena de 28 años y tres meses de cárcel contra Hugo Soria Flores, José Estrada Huayta y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix, identificados como autores y autores intelectuales del crimen.
La reparación civil establecida fue de 100 mil soles por cada víctima, cifra que fue ratificada en segunda instancia, aunque la defensa de las viudas había solicitado que se eleve a 250 mil soles y la Fiscalía pidió aumentar la pena a 35 años. Ambos pedidos fueron rechazados por el tribunal.
El vacío de la justicia: sentenciados ausentes
La sentencia confirmada el lunes por la Corte Superior de Ucayali es un triunfo parcial. Los condenados no acudieron a la audiencia y actualmente permanecen en libertad, lo que genera un alto riesgo de fuga.
“Ayer no se presentaron ninguno de los sentenciados. Urge que la policía y el Poder Judicial actúen rápido, porque podrían escapar en cualquier momento”, alertó Trujillo.
Por su parte, el presidente de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), Jamer López, coincidió en la alerta: “Tenemos información de que ya han intentado huir. La frontera es un espacio cultural y territorial compartido, lo que facilita su salida hacia Brasil. Si no se actúa de inmediato, la justicia podría volver a quedar impune”, declaró para RPP.
Asimismo, el quinto acusado, Eurico Mapes Gómez, ya había sido declarado reo contumaz en etapas anteriores por no asistir a las audiencias y hasta hoy continúa como no habido. Su proceso sigue suspendido.
Amenazas que no se atendieron
Como se sabe, los cuatro líderes indígenas asesinados habían denunciado por años la invasión de madereros ilegales en sus territorios. Edwin Chota, uno de los dirigentes más visibles, llevó sus reclamos a instancias locales, regionales y nacionales, pero nunca recibió la protección del Estado.
En septiembre de 2014, cuando se dirigían a una reunión en Brasil para coordinar la defensa de su territorio, fueron emboscados y asesinados. La Fiscalía sostiene que el crimen fue ordenado como represalia por los grupos vinculados al tráfico de madera que operan en la zona.
Según AIDESEP, desde 2013 se han registrado al menos 36 asesinatos de defensores amazónicos en circunstancias similares.
“Para nosotros, este fallo abre un camino de esperanza de que otros casos también puedan alcanzar justicia”, subrayó López.
Sin embargo, recordó que las amenazas persisten. “Vivimos bajo la presión de economías ilegales como la tala, el narcotráfico y la minería ilegal. Saweto es un ejemplo, pero cada territorio indígena enfrenta riesgos similares”.
Las voces de las viudas
Durante la audiencia, las viudas y hermanas de los líderes ashéninkas recordaron el largo camino de resistencia frente a un sistema que les puso trabas en cada paso. “Por más de una década hemos esperado justicia. Ahora que la sentencia está confirmada, exigimos que se cumpla, que los asesinos no escapen”, dijeron en un pronunciamiento.
“Queremos enfatizar que se necesita la actuación urgente de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. No se puede permitir que estos asesinos escapen nuevamente de la justicia”, advirtió López.
