El centro histórico de Arequipa vivió una jornada de extrema tensión este lunes 25 de agosto tras un operativo de desalojo judicial en una casona ubicada en la segunda cuadra de la calle Jerusalén, a solo una cuadra y media de la Plaza de Armas. El inmueble, que antes funcionaba como discoteca y restaurante, fue escenario de violentos enfrentamientos entre un grupo de extranjeros atrincherados en el interior y la PNP que hizo cumplir una orden judicial.
Desde las primeras horas de la mañana, el ambiente en la zona se tornó caótico. Al menos 15 personas, en su mayoría extranjeras y con los rostros cubiertos, se apoderaron del local. Los ocupantes habrían sido contratados expresamente para impedir que se llevara a cabo el desalojo ordenado por el Poder Judicial luego de un litigio de más de ocho años entre el propietario Víctor Choque y los inquilinos.
Bloquearon puerta con piedras y llantas
Las autoridades informaron que la puerta principal del inmueble fue bloqueada con piedras, llantas y otros objetos, dificultando el ingreso del personal policial y de la comitiva judicial encabezada por el juez a cargo de la diligencia. En el techo, varias personas se ubicaron estratégicamente para evitar el ingreso de los agentes.
Durante el enfrentamiento, los ocupantes recurrieron a métodos peligrosos para contener el avance de la policía de Arequipa. Llantas y colchones fueron incendiados, lo que originó una densa columna de humo negro que afectó la visibilidad y generó contaminación ambiental en el centro de la ciudad. A esto se sumó el lanzamiento de bombas molotov, botellas de vidrio con combustible y restos de sillar desde el interior de la casona y el tejado, poniendo en riesgo la integridad física de transeúntes, vecinos y de los propios efectivos policiales.
El fuego alcanzó zonas próximas a la vía pública, por lo que la policía intentó controlar el siniestro, mientras algunos de los ocupantes seguían lanzando objetos contundentes para frenar la intervención. El ataque se realizó principalmente desde el segundo piso y el techo, complicando la labor de los bomberos y agentes antidisturbios en un operativo que se extendió varias horas. La magnitud de la situación obligó a cerrar la segunda cuadra de la calle Jerusalén y de la calle San José, afectando el tránsito peatonal y vehicular en uno de los sectores más transitados de Arequipa.
Conflicto judicial entre propietarios e inquilinos
La génesis del conflicto se remonta cerca de una década, cuando el propietario del inmueble, Víctor Choque, firmó un contrato de alquiler para uso de hospedaje y eventos sociales. No obstante, con el paso de los años el destino del local cambió y terminó operando como discoteca clandestina conocida como Imperio Freetown, lo que derivó en reclamos judiciales luego de que el inquilino dejara de pagar renta tras los primeros meses de ocupación. La abogada de la familia propietaria, Carelia Encalada, sostuvo que la ocupación se tornó “precaria” y se prolongó a pesar de la falta de pagos.
El proceso judicial finalmente concluyó en junio de 2025 con una orden de desalojo a favor del propietario. Sin embargo, la ejecución de la medida enfrentó una resistencia inusitada. Testigos señalan que al menos treinta personas permanecían en el inmueble, algunas apostadas con materiales inflamables, balones de gas y objetos contundentes. Las acciones de resistencia ilegal incluyeron la quema de neumáticos y colchones, aumentando el peligro para los asistentes y residentes de la zona.
Las fuerzas policiales desplegaron un fuerte contingente y, tras varias horas de forcejeos, lograron abrir una de las puertas principales. No obstante, el bloqueo interno impidió el acceso inmediato, por lo que las operaciones de desalojo continuaron durante gran parte de la jornada. Algunos de los ocupantes optaron por escapar por los techos cercanos, mientras otros fueron reducidos y retirados por los agentes.
La abogada del propietario lamentó la ausencia de la Fiscalía de Prevención del Delito, que, según su testimonio, decidió no intervenir argumentando que el caso era competencia exclusiva del juez. También solicitó mayor apoyo de las autoridades para garantizar la ejecución de la sentencia y la seguridad en la zona, ante el temor de represalias o futuros intentos de ocupación.
PNP detuvo a 9 extranjeros
El jefe de la División de Orden Público de la Policía Nacional del Perú (PNP), coronel Giuliano Arguez, afirmó que la institución logró cumplir con una diligencia judicial de desalojo en un predio utilizado como refugio de extranjeros. El procedimiento contó con la presencia de un juzgado que solicitó apoyo policial para recuperar el inmueble, declarado patrimonio cultural, luego de que sus propietarios denunciaran un uso indebido.
Según el coronel Arguez, los ocupantes convocaron a más personas para oponerse a la autoridad. “Desde temprano se organizaron con llantas, balones de gas y han provocado un incendio que pudo afectar viviendas vecinas”, detalló el oficial. Entre los materiales empleados durante la resistencia, los manifestantes usaron bombas molotov y quemaron neumáticos, situación que derivó en la intervención de bomberos tras la propagación del fuego.
Durante el operativo, tres personas resultaron lesionadas cuando intentaban huir y fueron trasladadas a hospitales, añadió Arguez. Además, la PNP detuvo a nueve personas –cinco varones y cuatro mujeres–, quienes fueron llevadas a la comisaría de Santa Marta para ser puestas a disposición del Ministerio Público por presuntos delitos de violencia y resistencia a la autoridad. “Varias mujeres llevaban a sus hijos en brazos, exponiéndolos al peligro sin respeto por la integridad de los menores”, remarcó el coronel.
Por disposición de la PNP, el resguardo policial permanecerá en la zona hasta que los bomberos determinen la ausencia total de riesgos tanto para el predio como para las viviendas cercanas, e impidan así cualquier nuevo intento de ocupación.
