Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros en el gobierno de Pedro Castillo, denunció este 25 de agosto desde el penal Anexo Mujeres Chorrillos que la directora del establecimiento carcelario mantiene vínculos con la agrupación terrorista Sendero Luminoso. No es la primera vez que la exfuncionaria, quien cumple su tercer día de huelga de hambre seca como medida de protesta, expone serias acusaciones contra la gestión de Nelly Aquino.
A través de un consentimiento informado, Chávez dio cuenta que voluntariamente tomó la decisión de no ingerir alimentos ni tomar líquidos ante el “incumplimiento” de acuerdos previos relacionados con su permanencia y la de otras internas en el pabellón A del penal, entendiendo que ello podría culminar con su muerte en un plazo de tres a cinco días.
“Existen altos riesgos de fallecimiento si mantengo esta decisión, declaro que comprendo estos riesgos y aun así rechazo de manera expresa cualquier intento de hidratación, alimentación, reanimación o traslado forzoso a un hospital”, se lee en el escrito, en el cual deja una anotación en la parte inferior.
En ella, la expremier denuncia que el INPE no ha ejecutado la extracción conjunta de tres internas, “vulnerando nuestra seguridad personal por defender a una gestión que trabaja conjuntamente con Sendero Luminoso desde el pabellón A del penal de Anexo, bajo acciones ya denunciadas públicamente”.
Aunque no ha dado mayores detalles sobre el presunto vínculo entre la administración de Nelly Aquino con Sendero Luminoso, no es la primera vez que denuncia torturas, hostigamiento y amenazas de muerte.
En una carta difundida el día anterior, la exfuncionaria, procesada judicialmente por los delitos de rebelión y traición a la patria por su presunta implicancia en el frustrado autogolpe de Pedro Castillo, señaló que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no respondió hasta ahora a sus reclamos y solicitudes de protección.
“Somos tres internas en calidad de víctimas y testigos que venimos siendo hostilizadas y constantemente amenazadas por la gestión de las señoras Elvia Córdova, Nelly Aquino y Vilma Paucar. Yo di 48 horas de tregua y, sin embargo, no se ha cumplido con nuestra extracción, pese a que hemos enviado la documentación respectiva”, escribió.
Además de los escritos presentados y una fuerte carta testamentaria donde la expremier aseguró sentirse “humanamente imposibilitada de continuar resistiendo físicamente” frente a lo que describe como un hostigamiento sistemático, también lo hizo en las audiencias a las que acudió.
“Quiero denunciar públicamente los actos de corrupción en el penal de Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde yo me encuentro. Para mí es muy penoso y muy vergonzoso vivir diariamente el chantaje sexual, los sobornos, el pago por celdas a través de dádivas, obtener economatos con pago de cupos”, dijo la expresidenta del Consejo de Ministros en una de las citas judiciales.
Respuesta del INPE
A través de un comunicado, el INPE negó las acusaciones e indicó que dispuso que la Oficina de Asuntos Internos (OAI) se constituya al establecimiento penitenciario a realizar las indagaciones preliminares que permitan esclarecer el hecho, emitiendo el informe N°D000015-2025-INPE-OAI-GJPS, del 16 de julio del presente señalando que “no existe elemento de prueba que en ese penal se estaría realizando actos de connotación ilícita vinculado a los delitos de cohecho, cohecho pasivo y organización criminal”.
Asimismo, que respecto a la denuncia formulada por la interna sobre presuntas amenazas contra su integridad, mediante oficio N° 185-2025-INPE/ORL-EPAMCH-D, del 18 de agosto del presente enviado a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, “se señala que en la investigación administrativa realizada no existen elementos que corroboren y/o evidencian las presuntas amenazas o que pongan en riesgo su integridad personal”.
En cuanto al pedido de traslado a otro centro penitenciario, expresaron que la solicitud debe ser formulada por la interna para su respectiva evaluación, con el fin de determinar si procede o no su traslado.
