Un paso decisivo hacia la protección de los animales se abre en el Congreso: un proyecto de ley plantea penas de hasta siete años de prisión para quienes cometan actos de crueldad o agresión sexual contra animales domésticos y silvestres.
La propuesta busca frenar una problemática en aumento y enviar un mensaje claro de rechazo a toda forma de violencia contra los seres sintientes.
El congresista Guido Bellido Ugarte, del grupo parlamentario Podemos Perú, presentó el proyecto de ley N.° 12184/2025-CR que modifica el artículo 206-A del Código Penal. La iniciativa incorpora expresamente la agresión sexual y la violación contra animales como agravantes del delito de crueldad y endurece las sanciones cuando estas conductas, junto con el abandono, ocasionen la muerte del animal.
Actualmente, la norma sanciona los actos de crueldad y abandono con penas de hasta cinco años de cárcel, pero no tipifica la zoofilia como delito autónomo. Esta ausencia genera dificultades legales, pues los casos terminan siendo tratados como simples actos de crueldad, lo que resulta insuficiente para reflejar la gravedad de los hechos.
La dimensión del problema
Las cifras muestran la urgencia de un cambio. En 2023, el Ministerio Público registró 1.686 casos de maltrato animal, de los cuales el 58 % fueron archivados y solo se dictaron 12 sentencias. En 2024 se denunciaron 386 nuevos casos y, en las primeras semanas de 2025, ya se habían contabilizado 50 más.
En muchos de estos procesos, las agresiones sexuales quedan invisibilizadas. Un ejemplo es la sentencia de 2023 contra Roberto Huayllas Huamán, condenado a un año y cinco meses de prisión suspendida y 120 días multa por la violación de la mascota “Kyra”, hecho que fue tipificado únicamente como crueldad animal.
Antecedentes en el Perú y el mundo
La Ley N.° 30407 de Protección y Bienestar Animal, aprobada en 2016, incorporó el artículo 206-A al Código Penal, pero no incluyó la agresión sexual. Desde entonces, se presentaron proyectos previos como el 931/2021-CR y el 4420/2020-CR, que no llegaron a prosperar.
En contraste, legislaciones de países de África (Etiopía, Ghana, Kenia, Nigeria), Asia (Hong Kong, India, Irán, Malasia) y América Latina (Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala) ya consideran la zoofilia como un delito específico con sanciones severas, debido a sus implicancias en salud pública, bienestar animal y prevención de la violencia.
Exposición de motivos
El documento resalta que las agresiones sexuales contra animales no solo vulneran su integridad, sino que también pueden estar asociadas a patologías sexuales y comportamientos violentos con riesgo para la sociedad. El FBI, por ejemplo, reconoció desde 2016 la conexión entre la crueldad animal y la violencia contra las personas, incorporando este tipo de delitos en su sistema de estadísticas criminales.
Un estudio de la Universidad de Northeastern y la Sociedad de Massachusetts para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales reveló que quienes abusan de animales tienen cinco veces más probabilidades de cometer actos violentos contra humanos. Por ello, no tipificar la violación animal como agravante constituye, según el proyecto, una negligencia que el Estado debe corregir.
Lo que propone el proyecto
La modificación del artículo 206-A establece que:
- Los actos de crueldad o abandono se sancionen con hasta 3 años de prisión, multa e inhabilitación.
- La agresión sexual o violación contra animales se castigue con penas de 2 a 4 años de prisión, más multa e inhabilitación.
- Si como consecuencia de estas conductas el animal muere, la pena se eleve de 4 a 7 años de cárcel, además de multa e inhabilitación.
La propuesta define la violación como cualquier forma de acceso carnal por la vía genital, ano-genital, bucal o cavidades naturales, así como actos análogos con la introducción de objetos o partes del cuerpo, produzcan o no daño físico.
Una medida preventiva y cultural
El proyecto tiene como finalidad garantizar la protección integral de los animales como seres sintientes y sancionar de manera proporcional y ejemplar estas conductas. Además, busca prevenir la reiteración de los hechos, reforzar la educación ciudadana, y fortalecer la labor de la Policía y el Ministerio Público en la persecución del delito.
El análisis costo-beneficio indica que la medida no generará gasto para el Estado, pero sí aportará en la prevención de delitos, la reducción de la violencia y la creación de una cultura de respeto hacia la vida animal.
Finalmente, la iniciativa se enmarca en la política de Estado de erradicación de la violencia y fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Con esta propuesta, se busca dar un paso firme hacia la protección de los animales y enviar un mensaje contundente de rechazo a toda forma de maltrato y violencia en el país.
