La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la medida de impedimento de salida del país por 18 meses contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, en el contexto de la investigación relacionada con presuntos aportes irregulares para su campaña presidencial de 2016. Esta decisión se adoptó tras declarar infundado el recurso presentado por la defensa legal del exmandatario para revocar la resolución emitida por la jueza Margarita Salcedo el 8 de junio. La restricción, vigente desde esa fecha, culminará el 7 de diciembre de 2026 y forma parte del proceso por el presunto delito de lavado de activos y otros cargos en agravio del Estado.
El tribunal superior también desestimó el recurso de apelación presentado por el despacho del fiscal encargado de casos de Lavado de Activos, Carlos Puma, quien solicitaba que la prohibición se extendiera a 36 meses. En la resolución emitida el 22 de agosto, la sala consideró que el plazo de 18 meses resulta razonable. La decisión tomó en cuenta la prórroga del plazo de investigación, la complejidad del caso, las diligencias aún pendientes, la incidencia sobre el plazo establecido por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, así como la situación de salud y la avanzada edad del investigado.
La jueza Margarita Salcedo adoptó la medida tras acoger parcialmente la solicitud de la Fiscalía, que proponía restringir la salida del país por 36 meses. Señaló la existencia de un peligro latente de fuga, especialmente después de que el expresidente intentó salir del país la noche del 7 de junio a través del aeropuerto internacional Jorge Chávez, rumbo a Estados Unidos, sin poder concretar el viaje debido a una alerta migratoria. Este hecho fue considerado uno de los elementos clave para la adopción de la decisión, con el objetivo de asegurar la continuidad del proceso penal y evitar la posibilidad de evasión.
La magistrada subrayó que Kuczynski intentó realizar el viaje sin notificar a las autoridades competentes, mientras la investigación preparatoria se encuentra en una etapa final, lo que incrementa el riesgo de que el exmandatario deje el país antes de la conclusión de las diligencias. Adicionalmente, la jueza tuvo en cuenta la complejidad de los hechos investigados y las elevadas penas asociadas al presunto delito de lavado de activos.
La investigación tuvo inicio luego de que, en diciembre de 2018, cinco ciudadanos indicados como aportantes al entonces partido Peruanos por el Kambio en la campaña de 2016 negaran haber colaborado económicamente. El Ministerio Público sostiene que los fondos habrían ingresado de modo irregular a la campaña de Kuczynski, lo que constituye la base del actual proceso.
Con esta decisión, el Poder Judicial busca asegurar la presencia del exmandatario en el país y el normal desarrollo de las diligencias, en consideración a la gravedad de los cargos y a la necesidad de culminar el proceso garantizando los derechos procesales de todas las partes involucradas.
Las campañas de PPK
Pedro Pablo Kuczynski participó en dos campañas presidenciales en Perú. Su primera postulación fue en 2011, como candidato de la alianza “Alianza por el Gran Cambio”. En esa oportunidad, logró captar un respaldo relevante en sectores urbanos, pero quedó en tercer lugar con aproximadamente 18% de los votos, detrás de Ollanta Humala y Keiko Fujimori, quienes pasaron a la segunda vuelta.
En 2016, volvió a competir como candidato del partido Peruanos por el Kambio (PPK). Durante la campaña, se posicionó como una alternativa de centroderecha, con un discurso enfocado en la modernización económica y la lucha contra la corrupción. En la primera vuelta electoral obtuvo cerca del 21% de los votos, avanzando a la segunda vuelta junto a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular.
En el balotaje, la competencia fue muy ajustada. Pedro Pablo Kuczynski se impuso finalmente sobre Fujimori con el 50,12% de los votos, en una de las elecciones más reñidas de la historia peruana reciente. El 28 de julio de 2016 asumió la presidencia del Perú, pero renunció en marzo de 2018 en medio de crisis políticas y denuncias por presuntos actos de corrupción.
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