PRODUCE, a sola firma de otro decreto para condonar S/611 millones al sector pesquero: “Las medidas represivas son la última opción”

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) culminó el proceso de consulta pública y se encuentra listo para emitir un nuevo decreto que condonará parte de los más de S/611 millones en multas acumuladas del sector pesquero y acuícola, una decisión que pone en evidencia la erosión de la capacidad sancionadora del Estado frente a las empresas del sector.

El viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Eloy Barrientos Ruiz, confirmó, en declaraciones recogidas por Infobae Perú, que el Estado sigue considerando las medidas represivas como “última opción”, incluso frente a la reiterada mora y resistencia en el pago de multas por parte de las mismas compañías beneficiadas hoy por este perdón masivo. En esta línea, afirmó que el decreto estará listo en los próximos días.

La política, contenida en la Resolución Ministerial N.° 255-2025-PRODUCE, prevé descuentos del 40% al 50% sobre las deudas acumuladas por multas impuestas entre 1998 y julio del 2025, muchas de ellas en etapa coactiva o paralizadas por años de litigio y recursos. “Es un proyecto de análisis con sustentos técnicos que ameritan el tipo de evaluación”, explicó brevemente el ministro Sergio González, durante la presentación del buque Adriana, de Austral Group, que maneja el 7% de la cuota anchovetera del Perú.

Pero quién sí se animó a dar más detalles fue el viceministro Barrientos, quien explicó para Infobae Perú que la nueva reducción de multas responde a la adecuación a las normas vigentes, subrayando que el mecanismo no está dirigido a un sector específico, sino a toda la flota pesquera.

“Se da en el cumplimiento de nuestra Ley General de Pesca, que fue modificada por la Ley de Pesca Ancestral, donde se ponen límites al Ministerio de la Producción para dar beneficios a toda la flota. No es focalizado, es para toda la flota nacional, artesanal, de menor escala e industrial, bajo supuestos necesarios para el descuento correspondiente”, dijo.

Según la propia exposición de motivos del ministerio, existen más de 13.000 expedientes pendientes, ascendiendo a más de S/611 millones en sanciones, de los cuales más del 99% corresponde a procesos en cobranza coactiva. El Estado argumenta que las rebajas buscan incentivar el pago, inyectar liquidez al sector y “aliviar” la carga sancionadora, una postura oficial no exenta de cuestionamientos históricos.

Barrientos aseguró que el objetivo central es “el cambio de conducta” en la flota nacional, y que las medidas coercitivas deben ser siempre la última opción del Estado. Agregó que se prioriza premiar a quienes cumplen las normas y avanzar hacia una pesca responsable y sostenible.

“Lo más importante es el cambio de conducta. Yo noto que la flota industrial, así como la de menor escala y artesanal, están en un proceso de ajuste, de cambio, donde se está privilegiando este cambio para que se den beneficios a quienes cumplan la ley. Y en ese camino estamos. El tema represivo o coercitivo del Estado debe ser en última opción” relató.

“Las empresas con la mayor cantidad de multas están asociadas a la pesca artesanal. Tenemos 17.000 embarcaciones entre artesanales y de menor escala, y la flota industrial tiene menos de 750. Entonces, estamos en un contexto donde tenemos un espacio para equilibrar la participación del Estado”, agregó el funcionario.

Pero no es la primera vez que el Gobierno aplica este tipo de regímenes excepcionales. En 2016, el Decreto Supremo N° 003-2016-PRODUCE ofreció rebajas del 59% en las multas sin criterios diferenciados respecto a la gravedad de la infracción o el tamaño de la empresa. Tres años después, en diciembre de 2024, se aprobó el Decreto Supremo N° 020-2024-PRODUCE, que permitió descuentos de hasta el 80% para sanciones previas a 2021, bajo el argumento de reactivar el sector tras la pandemia y eventos climáticos extremos.

Las experiencias previas, según analistas consultados por Infobae Perú, han consolidado un escenario en el que la estrategia ante las multas tiende a postergar los pagos y litigar, en espera de futuras amnistías, debilitando el principio disuasivo de las sanciones administrativas y creando “incentivos perversos”. La propia Austral Group se encuentra entre las 11 compañías industriales sancionadas por pesca ilegal en la Reserva Nacional de Paracas, cuyas multas previas al caso podrían ser tomadas en cuenta para la condonación, en caso no hayan pagado ya.

A detalle, las resoluciones, avaladas por la Dirección de Sanciones de PRODUCE y confirmadas en segunda instancia, determinaron que firmas como Corporación Pesquera Inca (Copeinca), Exalmar, CFG Investment, Diamante, Hayduk, Centinela, TASA y Saby, además de Austral, incurrieron en pesca ilegal dentro de un área clasificada como uno de los principales ecosistemas marinos del país, hogar de bancos de anchovetas juveniles y especies vulnerables.

Según el Órgano de Control Institucional de PRODUCE, la suma de las sanciones impuestas a estas empresas supera los S/13 millones (lo que costaría adquirir otro navío como Adriana, por ejemplo). Las penas ratificadas confirmaron que los expedientes y sanciones tenían respaldo legal y técnico, motivo por el cual generaron cuestionamientos sobre el efecto final del régimen de rebajas y su alcance sobre casos emblemáticos de depredación ambiental.

Las críticas al decreto también se alimentan del contexto judicial abierto: el sector industrial, aglutinado en la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), mantiene una estrategia múltiple de presión legal. Tras la negativa del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) de autorizar pesca industrial en Paracas, la SNP llevó el caso al Poder Judicial, cuestionando la directiva que veta toda pesca no artesanal en áreas protegidas.

Este litigio se suma a un proceso clave promovido por la organización OCEANA INC contra el Ministerio del Ambiente en el que se discute la constitucionalidad de la norma que permitió pesca industrial en la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, generando inquietud por el potencial efecto expansivo de una sentencia favorable hacia otros sistemas de protección marina, incluidas zonas como Paracas.

Tanto en la demanda presentada por OCEANA como en los expedientes administrativos de PRODUCE, se incorpora el análisis técnico de IMARPE que advierte sobre los impactos críticos de la pesca industrial: presión sobre el ecosistema, captura de juveniles, pesca incidental de especies vulnerables y reducción de alimento para depredadores superiores.