La Amazonía noroccidental, que abarca territorios de Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, se ha convertido en el epicentro de una crisis que combina violencia armada, degradación ambiental y pérdida de gobernabilidad. Según un reciente informe internacional, este bioma enfrenta la mayor concentración de conflictos socioambientales en el mundo, con la presencia de al menos 17 grupos armados ilegales que operan en el 69% de sus municipios.
El estudio titulado “Amazonía en disputa. Seguridad climática y conflictos socioambientales en la Amazonía noroccidental”, presentado el 19 de agosto de 2025 en Bogotá, advierte que el crimen organizado se ha transformado en el principal acelerador del punto de no retorno de la Amazonía, poniendo en riesgo la seguridad climática, la democracia y la estabilidad regional. La investigación fue desarrollada en el marco de una iniciativa de la Unión Europea, en colaboración con la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) en Colombia y Perú, y el Instituto Igarapé en Brasil.
Minería ilegal, crimen organizado y economías ilícitas en la Amazonía
Uno de los principales hallazgos del informe es que el crimen organizado no solo se expande con rapidez en la región amazónica, sino que además impone formas de gobernanza criminal que socavan la autoridad de los Estados. Estas estructuras controlan corredores estratégicos, fortalecen economías ilícitas y amplifican las violaciones a los derechos humanos, que van desde extorsión y reclutamiento forzado hasta desplazamientos, amenazas y homicidios.
El documento advierte que no se trata únicamente de un problema ambiental: lo que está en juego es la capacidad de los países amazónicos de ejercer control territorial y proveer bienes públicos. La violencia en zonas de frontera debilita la legitimidad de los Estados, mientras que la inseguridad contribuye a erosionar la democracia y la gobernabilidad.
Las economías ilícitas mantienen una estrecha conexión con actividades legales e informales. Por ejemplo, el narcotráfico, el tráfico de fauna y flora, la minería ilegal de oro y el comercio de madera encuentran vías para blanquear capitales a través de mercados legales. El informe señala que los delitos ambientales representan ya la tercera economía ilícita más lucrativa del mundo, con ingresos estimados en 281 mil millones de dólares anuales.
En este escenario, la minería ilegal se posiciona como uno de los motores más destructivos: afecta al 19 % del bioma amazónico y se concentra en un 96 % en Brasil, Venezuela, Guyana y Perú. En el caso de Colombia, se calcula que el 70 % del oro es ilegal. A esto se suma la grave contaminación por mercurio, con hasta 30 toneladas vertidas cada año en ríos y lagos de la selva, lo que pone en riesgo tanto a los ecosistemas como a las comunidades ribereñas.
La región más peligrosa para defensores ambientales
La Amazonía también es reconocida como la zona más letal del mundo para quienes defienden el ambiente. Liderazgos indígenas, comunitarios y sociales se encuentran bajo un constante asedio que incluye amenazas, desplazamientos forzados, campañas de desprestigio, discriminación e incluso homicidios.
En 2023, el 55,6 % de los asesinatos de defensores ambientales a nivel mundial ocurrió en países amazónicos, con un total de 196 casos documentados. Colombia encabezó la lista con 79 asesinatos, seguida de Brasil con 25, mientras que otros países de la región también registraron episodios de violencia que evidencian la falta de garantías para quienes alzan la voz contra las mafias y las economías ilegales.
Los datos también revelan que entre 2001 y 2023 la Amazonía noroccidental perdió más de 14,7 millones de hectáreas de bosque, un área equivalente al tamaño de Honduras. Al mismo tiempo, el 89 % del oro extraído en la región se exporta a destinos como Canadá, Suiza, India, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Reino Unido, Italia y Australia. Esta conexión con mercados internacionales muestra cómo el extractivismo ilegal trasciende fronteras y se sostiene gracias a la demanda global.
El informe plantea la necesidad de reforzar las capacidades de los gobiernos amazónicos, establecer puestos de control en corredores fluviales, proteger a las comunidades indígenas y escuchar sus propuestas, además de superar la dependencia del aparato militar, apostando por capacidades civiles y políticas que permitan garantizar gobernanza ambiental y seguridad para quienes cuidan la selva.
