A pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que restringe la competencia de los municipios distritales para remolcar vehículos mal estacionados, varias municipalidades de Lima mantienen este tipo de operaciones, generando controversia y reclamos ciudadanos. En entrevista con Punto Final, la Defensoría del Pueblo advirtió que estas prácticas son ilegales y que solo la Municipalidad Metropolitana de Lima cuenta con la facultad para aplicar sanciones de este tipo, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP).
La problemática tiene como punto de partida la falta de espacios de estacionamiento en la capital y los hábitos de conductores que, por comodidad o falta de opciones, dejan sus autos en veredas, doble fila o puertas de viviendas. Como respuesta, distritos como Independencia y Barranco han optado por la contratación de grúas privadas y el remolque de autos al depósito municipal, además de la imposición de multas que alcanzan o superan los 900 soles por infracción.
Sin embargo, según el fallo emitido en 2022 por el Tribunal Constitucional, ninguna municipalidad distrital puede sancionar ni remolcar vehículos por infracciones de tránsito. La sentencia —de 60 páginas y alcance general— limita esta atribución exclusivamente a Lima Metropolitana, la cual puede apoyarse en la PNP y tramita las multas a través del SAT. La Defensoría del Pueblo recalca que la decisión tiene efectos obligatorios y que las ordenanzas locales que permiten el uso de grúas carecen de sustento legal.
Las escenas se repiten a diario en los depósitos municipales de distintos distritos. Conductores descubren la ausencia de sus autos, encuentran stickers informativos y son notificados de montos por multas, grúa y guardianía que, en muchos casos, consideran arbitrarios. “Acá ni marca línea amarilla”, reclama un usuario en Independencia, mientras otro denuncia que el cobro de 900 soles en un solo día es un acto abusivo y contrario a la razón. “Todos los días llevan carros al depósito y no respetan las normas que ha dado el Tribunal Constitucional”, reafirma otro conductor.
La Defensoría del Pueblo sostiene que estas municipalidades “han estado ejecutando acciones sin razonabilidad ni proporcionalidad” y confirma que, tras la sentencia del TC, “ninguna municipalidad distrital de Lima puede usar sus grúas para remolcar vehículos mal estacionados”. El organismo subraya que cualquier iniciativa municipal que contravenga la sentencia podría ser materia de investigación e incurrir en responsabilidad legal.
Frente a las críticas, voceros de municipios como Independencia alegan: “Nuestra ordenanza no infringe el reglamento nacional de tránsito ni duplica sanciones”. Sostienen que su accionar se limita a bienes muebles y que actúan amparados en normativa propia, pese a que al ser consultados describen como tal autos, carretas, etc. Al respecto, la Defensoría reitera que estos argumentos no tienen validez ante la sentencia del TC y que el único camino legal es que las multas e investigaciones por mal estacionamiento sean gestionadas por la Municipalidad de Lima y la PNP.
Aunque otros distritos, como Miraflores, han optado por ya no usar grúas, colocan papeletas y reportan la infracción a Lima Metropolitana. En lo que va del año se han reportado más de 15.000 vehículos mal estacionados en este distrito, pero sin recurrir al traslado forzado. No obstante, la Defensoría subrayó que ello tampoco es válido, pues dicha fiscalización y sanción es competencia exclusiva de la autoridad provincial, por lo que medidas que excedan estos límites vulneran la ley y afectan el derecho de los ciudadanos a un debido proceso sancionador.
¿Qué hacer si se llevan mi vehículo?
Como principal medida, los expertos recomiendan a los conductores y propietarios de vehículos respetar las zonas rígidas y no estacionarse donde los sardineles están marcados con color amarillo, al frente de las cocheras o postes de luz de alta tensión.
Si se llega a ser víctima, se sugiere ir por la vía administrativa, que puede resultar engorrosa por los procedimientos ante la misma comuna; y por la vía penal: interponiendo una denuncia penal contra el alcalde y los regidores por abuso de autoridad.
