El congresista de Fuerza Popular y primer vicepresidente de la Mesa Directiva, Fernando Rospigliosi, confirmó que “el siguiente paso” del Parlamento es “liberar” a los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) que vienen siendo investigados por las muertes en protestas. Esto luego de que se promulgara la inconstitucional ley de amnistía.
“El siguiente paso que tenemos que dar, los que impidieron que las turbas repusieran en el gobierno a Pedro Castillo en diciembre de 2022 y principios de 2023. Hay más de 350 militares y policías procesados por esos casos", dijo Rospigliosi en entrevista con Canal N.
Al ser consultado si se trataría de una nueva ley de amnistía, el fujimorista dijo que “tenemos que ver cuál es la manera legal de liberarlos de esta infame persecución de la fiscalía”.
Incluso, el congresista de Fuerza Popular reveló que ya está trabajando con las Asociaciones de Oficiales Generales de la Policía y del Ejército, así como con abogados, para ver “cómo podemos afrontar este problema porque es totalmente injusto que a los militares que han impedido que se reponga, por la violencia, al golpista Pedro Castillo, se les esté procesando de esta manera”.
A Fernando Rospigliosi se le mencionó que la represión de los agentes del Estado contra las protestas contra Dina Boluarte dejó más de 50 muertos civiles; sin embargo, no se detuvo a analizar ni expresar su solidaridad con los deudos.
Al consultarsele su opinión en relación a que un sector de la población considera que Boluarte irá a prisión por los fallecidos en las manifestaciones, el congresista fujimorista mencionó que la denuncia constitucional que presentó Fiscalía por este caso se archivó. “No hay más que decir”, indicó.
Rospigliosi pierde los papeles
El congresista Fernando Rospigliosi perdió los papeles durante una entrevista en la que negó cualquier cambio en su postura sobre derechos humanos luego de impulsar la ley de amnistía. La norma, promulgada por la presidenta Dina Boluarte, beneficia a policías y militares procesados o sentenciados por violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado interno en Perú. Esta ley ha generado rechazo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de organizaciones de víctimas, que advierten sobre riesgos de impunidad.
Rospigliosi, al ser entrevistado, respondió con molestia ante cuestionamientos sobre su coherencia, insistiendo que nunca ha variado su posición. Señaló que quienes cometieron delitos, como en el caso Hugo Bustíos, ya fueron sentenciados y cumplieron condena, y que las críticas responden a lo que considera un sistema judicial politizado. “¡No he cambiado de postura, señorita, no he cambiado de postura!”, dijo.
El congresista Rospigliosi aseguró que la ley busca frenar procesos judiciales extendidos que afectan a miembros de las fuerzas del orden, y sostuvo que la medida beneficiaría a alrededor de mil personas. Argumentó que esto no implica impunidad sino justicia para quienes actuaron cumpliendo funciones durante el conflicto interno. Al igual que con los deudos en las protestas contra Dina Boluarte, ignoró a los familiares de las víctimas.
