
A mediados de 2023, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), señaló que no estamos tan mal frente a la región, solo que América Latina es un desastre. En abril último, el Banco Mundial publicó estimaciones para América Latina y el Caribe (ALC), indicando que la región crecería un 2.1% en 2025, con un alza de 2.4% en 2026. Por su parte, la Cepal presentó recientemente un estudio donde expone que la región crecería un 2.2% en 2025 y un 2.3% en 2026.
Estos resultados posicionarían a ALC como la región de menor crecimiento del mundo. Este escenario se explicaría por la exposición frente a la política arancelaria de EE. UU., así como por problemas de inseguridad y crimen organizado, incluyendo la expansión de economías ilegales. Los costos de la inseguridad y el crimen organizado en ALC representarían un 3.44% del PBI regional, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En países como Polonia, Irlanda, República Checa, Portugal, Países Bajos y Suecia, los costos promedian un 2% de su PBI.
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El calendario electoral de América Latina en lo que queda de 2025 y durante 2026 genera expectativas, aunque persistiría un limitado espacio para ejecutar reformas significativas, dada la polarización política existente en la región. Tal como sostiene Jennifer L. McCoy, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Georgia, Atlanta, EE. UU., en su artículo “La polarización latinoamericana en perspectiva comparada” en la revista Elecciones de la ONPE: “En América Latina necesitarán mayorías amplias capaces de ganar y retener poder político para promulgar reformas”.
Chile tendría un nuevo gobierno promercado, lo que mejoraría las expectativas empresariales. Atrás quedarían años de incertidumbre, con hasta dos intentos fallidos de cambiar la Constitución y el sistema tributario. Sin una mayoría en el Legislativo, reformas orientadas a mejorar la competitividad y el desarrollo de negocios se verían truncadas.
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En Bolivia es evidente que se requieren ajustes para recomponer el desastre generado por el Estado intervencionista: desabastecimiento de productos de primera necesidad, incluido el combustible, y una inflación acumulada en 2025 cercana al 17%, habiendo sido de 10% en 2024, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, una elevada oposición social promovida por Evo Morales frenaría las reformas urgentes, sobre todo por las repercusiones que ello implicaría en el corto plazo.

Argentina crecería a tasas elevadas. Las elecciones legislativas favorecerían al gobierno de Milei, lo que le permitiría seguir implementando reformas ambiciosas. Como bien señaló Apoyo Consultoría en una reciente presentación del Servicio de Asesoría Empresarial (SAE): i) liberalización completa del tipo de cambio, ii) reformas laborales centradas en desregulación y iii) reforma del sistema de pensiones, son temas de agenda aún pendientes que requieren apoyo legislativo.
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En Perú, a pesar de todo y de las 37 posibles candidaturas presidenciales, la recuperación económica, aunque moderada, se mantiene. Nos siguen favoreciendo los precios altos de los minerales. Los resultados de la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del BCRP de julio dan buenas señales: dieciséis indicadores de un total de dieciocho se ubicaron en el tramo optimista. Este año creceríamos 3.1% y el próximo 2.9%. Podríamos estar mejor, sí, pero eso dependerá de que se lleven a cabo reformas y de que el país se deslinde del desastre de algunas economías de la región.

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