El proyecto para la creación del servicio aeroportuario de pasajeros y carga en Soplín Vargas, distrito de Teniente Manuel Clavero, provincia de Putumayo (Loreto), enfrenta serias irregularidades que podrían comprometer una inversión superior a los S/99 millones.
Un reciente Hito de Control de la Contraloría General de la República, elaborado por su Órgano de Control Institucional (OCI) en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), revela incumplimientos en los plazos para la inscripción de predios ya adquiridos y retrasos injustificados en la compra de otros terrenos, lo que pone en riesgo la seguridad jurídica y el cronograma de ejecución.
Un proyecto clave en la frontera amazónica
El Aeropuerto Teniente Manuel Clavero, como se denominará oficialmente, tiene una ubicación estratégica cerca de la frontera con Colombia y relativamente próxima a Ecuador. Sus instalaciones estarán preparadas para recibir y despachar aeronaves ligeras, facilitando el transporte de pasajeros y mercancías desde y hacia Iquitos. Pese a su poca repercusión mediática, es considerado crucial para la integración territorial y el desarrollo económico de la zona.
Este proyecto forma parte de un plan mayor del MTC para mejorar la infraestructura aeroportuaria en la selva. En julio de 2024, el ministro Raúl Pérez Reyes anunció la construcción de cuatro terminales aéreos —en Datem del Marañón (Loreto), Soplín Vargas (Loreto), Oxapampa (Pasco) y Unión Asháninka (Cusco)— que demandarán una inversión acumulada cercana a los S/620 millones. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es la entidad encargada de concretar estas obras, con el objetivo de impulsar el turismo interno y receptivo.
En el caso de Soplín Vargas, el presupuesto actualizado en 2023 asciende a S/99,2 millones, que incluyen S/56 millones en infraestructura, S/23 millones en equipamiento, S/3,5 millones para la compra de terrenos y otros componentes.
Predios pendientes y retrasos críticos
Para que el nuevo aeropuerto de Soplín Vargas pueda construirse, el Estado necesita adquirir un total de 54 terrenos. Hasta el momento, solo se han comprado 17 de ellos mediante trato directo con los propietarios, mientras que 37 aún están pendientes. De estos últimos, 23 deberán comprarse directamente a sus dueños, 5 requieren un pago adicional por las mejoras existentes —como construcciones u otras obras— y 9 pertenecen a otras entidades públicas, por lo que deberán ser transferidos al MTC.
Las valorizaciones oficiales o tasaciones ya se han realizado para 45 de los predios (sin contar los de propiedad estatal). Este trabajo se llevó a cabo entre 2024 y 2025, a través de órdenes de servicio emitidas por el MTC. Sin embargo, la Contraloría detectó dos problemas graves que están afectando el avance del proyecto.
El primero es que los 17 terrenos ya adquiridos, por un monto total de S/1,1 millones —incluyendo el 20 % de incentivo que otorga la ley—, aún no han sido inscritos a nombre del Estado en los Registros Públicos. Esto ocurre pese a que desde febrero y abril de 2025 ya se cuentan con los formularios necesarios para completar el trámite. Además, el área total del proyecto no cuenta con una anotación preventiva que la declare de “necesidad pública e interés nacional”, lo que la deja expuesta a eventuales disputas de propiedad o incrementos de valor no previstos.
El segundo problema se presenta en dos predios identificados como PR-023 y PR-024. Ambos fueron tasados en octubre de 2024 y su valorización es válida hasta 2026; sin embargo, no han sido adquiridos a pesar de que la ley fija un plazo máximo de 60 días hábiles para completar todo el proceso de compra, desde la carta de intención hasta el pago. En este caso, ya han transcurrido 199 días hábiles sin que se concrete la adquisición.
Según el MTC, el retraso se debe a que vencieron los certificados de búsqueda catastral —documentos que describen la ubicación y características del terreno—, por lo que deben ser renovados. Un tercer terreno, el PR-041, tuvo que ser nuevamente tasado debido a que su propietario reclamó que no se habían incluido algunos elementos en la valorización inicial.
Riesgos para la obra y la región
La Contraloría advierte que estas irregularidades amenazan la seguridad jurídica de los terrenos, pueden generar sobrecostos por nuevas tasaciones y retrasar la ejecución de una infraestructura esencial para la conectividad amazónica. También señala que la falta de avances puede derivar en contingencias legales y en la pérdida de oportunidad para dinamizar la economía local.
En informes previos ya se había señalado la falta de una declaración oficial de necesidad pública para el área, lo que facilitaría el aseguramiento de los predios.
De esta forma, la Contraloría exige al titular del MTC que en un plazo de cinco días hábiles adopte medidas preventivas y correctivas, y que informe con sustento documental sobre los avances. También recomienda cumplir estrictamente con los plazos y procedimientos establecidos en el Decreto Legislativo N.° 1192 para evitar más demoras y salvaguardar la inversión.
