El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, fue consultado este miércoles acerca de la manifestación convocada por familiares de las víctimas del conflicto interno (1980-2000) después de que la presidenta Dina Boluarte promulgara la amnistía para policías y militares procesados o condenados por delitos cometidos durante esa época en la lucha contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
La norma fue aprobada a pesar de una solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para suspender su trámite. “El gobierno es respetuoso de las expresiones que tiene la población. Los familiares de las víctimas, que creo que están agrupados en alguna asociación, tienen toda la libertad para manifestarse, para expresar cuál es su sensación”, dijo inicialmente.
“Sin embargo, desde el Gobierno nos sentimos satisfechos por la aplicación de esta norma, que de ninguna manera genera impunidad, sino que hace justicia. Lo único que yo haría es invocar a estas personas a que hagan uso de su derecho de manifestación de protesta, sin causar algún desmán que pueda generar algún problema en la integridad de las personas o los bienes públicos”, continuó.
Boluarte ya había anticipado que promulgaría la amnistía aprobada por el Congreso a iniciativa de un grupo de fuerzas conservadoras que sostienen su Gobierno, la mayoría de derechas y con varios militares y policías retirados en sus filas, al considerar que las indicaciones de la Corte IDH van en contra de la soberanía nacional, pese a que el país aceptó adherirse a su jurisdicción cuando suscribió el Pacto de San José.
La mandataria firmó la “Ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000” en una ceremonia pública en el Palacio de Gobierno de Lima, que se realizó un día después de su regreso de una gira por Asia.
La suscripción de la norma por parte de Boluarte se produjo en la víspera de que se conmemoren los 40 años de la masacre de Accomarca, donde 69 personas de esa comunidad campesina, entre ellas 24 niñas y niños, fueron ejecutadas por una patrulla del Ejército peruano en 1985, al mando del subteniente Telmo Hurtado, quien cumple una condena de 23 años de cárcel.
A la ceremonia asistieron representantes de policías y militares que participaron en distintos episodios del conflicto armado interno como los comandos de la operación Chavín de Huántar, que en 1997 permitió liberar a 72 de los 73 rehenes secuestrados por el MRTA en la residencia del embajador de Japón. No obstante, varios miembros de ese grupo han sido señalados por presuntas ejecuciones extrajudiciales de terroristas que ya se habían rendido.
La amnistía beneficia a miembros de las fuerzas de seguridad y comités de autodefensa que no cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, que pudieran estar denunciados, investigados o procesados por delitos cometidos entre 1980 y el 2000.
Además, incluye también a los que cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, o en trámite de ejecución, y hayan cumplido un mínimo de 70 años. En cambio, la amnistía no será aplicable a los denunciados o imputados por terrorismo o por delitos de corrupción de funcionarios.
“En riesgo”
En el acto, Boluarte aseveró que esta amnistía es para quienes “entregaron su vida en defensa de la paz que hoy tenemos, y otros que sobrevivieron, pero cargados con juicios interminables y acusaciones injustas, con un dolor que no solo alcanzó a ellos sino también a sus familias”.
La Corte IDH solicitó detener la tramitación de la amnistía debido a las sentencias por las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde 25 personas, incluido un niño de 8 años, fueron asesinadas por el grupo militar encubierto Colina. Ambos casos llevaron a que el exdictador Alberto Fujimori fuera condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, junto a varios miembros del grupo Colina.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que ha denunciado violaciones durante el conflicto interno, afirma que la amnistía “borra décadas de lucha por justicia y verdad” y advierte que más de 150 condenas y 600 procesos “están en riesgo”.
