Erwin Siccha, abogado de Martín Vizcarra, denunció la existencia de una presunta resolución judicial redactada antes de la finalización de la audiencia, así como un conflicto de interés a partir de vínculos familiares entre el magistrado a cargo y su esposa, la fiscal Luz Taquire. Desde los exteriores del Poder Judicial, adelantó que impugnarán la apelación este jueves 14 de agosto y evaluarán medidas contra el magistrado.
“Se ha advertido una resolución redactada, pero más allá de ello, hay que tener en cuenta un aspecto importante: el señor magistrado es esposo de una fiscal del equipo especial Lava Jato, al que pertenece el señor Juárez Atoche”, declaró a la prensa, tras conocerse la orden de prisión preventiva contra su defendido, la cual calificó de arbitraria e inconstitucional.
La existencia de una resolución redactada cobró relevancia al notarse que tras la breve intervención del expresidente, el juez automáticamente pasó a la lectura del fallo. De confirmarse, puede ser considerada una falta grave y motivo de remoción o sanción disciplinaria, además de ser causal de nulidad de la resolución emitida.
Sobre la relación marital, vale decir que no es la primera vez que se le cuestiona. En abril de este año, Óscar Nieves, implicado junto a José Luna Gálvez y otros por caso Podemos Perú, presentó una recusación contra el juez Chávez Tamariz en la que uno de los argumentos fue su matrimonio con la fiscal Taquire, perteneciente a la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos.
No obstante, la Tercera Sala de Apelaciones consideró que “su sola pertenencia a la estructura corporativa del Ministerio Público no constituye por sí misma un elemento objetivo suficiente para evidenciar un interés directo o indirecto que afecte la imparcialidad judicial”. De no presentarse mayores elementos, el pronunciamiento sobre este tema sería en la misma dirección.
“Presión mediática”
Acerca de la posibilidad de motivaciones políticas en la resolución judicial, el abogado de Martín Vizcarra argumentó que existen presiones externas. “Estamos convencidos de que esta decisión se ha sustentado en la presión de algunos medios de comunicación y de sectores que están en contra del señor Martín Vizcarra Cornejo”, manifestó.
Asimismo, negó cualquier riesgo de fuga al recordar que Vizcarra acudió a todas las diligencias judiciales, incluso en circunstancias en las que se evaluaba la posibilidad de imponer la medida de prisión, y refutó la alegación de que el exfuncionario se habría desplazado irregularmente a la región de Moquegua mientras estaba vigente la comparecencia restrictiva.
El abogado indicó que este viaje fue informado oportunamente a la autoridad judicial y quedó consignado en la sesión del 11 de septiembre de 2023. Sostuvo que “ni siquiera ha habido un análisis al respecto”, señalando que el juez no respondió ni consideró este asunto en su última decisión.
Frente a la controversia, la defensa ha dejado en claro que evaluará acciones legales para solicitar que el magistrado se aparte del caso y que se revise la validez de todas las resoluciones emitidas. Mientras tanto, se continúa a la espera de conocer a qué penal acudirá el expresidente.
