El presidente del Seguro Social de Salud (EsSalud), Segundo Acho, enfrenta cuestionamientos públicos tras la revelación de que pagó íntegramente una deuda personal de más de S/ 171 mil días antes de asumir el liderazgo de la institución. Según informó el programa Cuarto Poder, la sorpresa recae en que eliminó en pocos días un compromiso financiero que arrastraba por más de dos años y que motivó a que sea previamente clasificado como “castigado” por una entidad bancaria.
La investigación reveló que Acho Mego registró un historial crediticio negativo durante 900 días, con periodos prolongados en Infocorp en estado rojo, dos embargos judiciales y una hipoteca considerable. La deuda más cuantiosa, que sumó S/ 171,092 y se consideró de difícil recuperación para la banca, se extinguió de forma repentina en marzo de 2025, previo a ser designado presidente de EsSalud.
Al respecto, el titular del Congreso de la República, José Jerí, solicitó que la Comisión de Fiscalización cite al funcionario para que brinde explicaciones sobre el origen de los fondos destinados al pago de la deuda. “Sobre el tema en particular, sí me parece que uno de los primeros temas de agenda es que se convoque al presidente de EsSalud, para que se esclarezca cualquier tipo de cuestionamiento”, manifestó el también cuestionado por un incremento patrimonial en tiempo récord.
En esa misma línea, el congresista Alex Paredes (Somos Perú) subrayó que el sueldo de los funcionarios públicos es información accesible y que, ante la magnitud del pago, resulta fundamental determinar si la operación fue viable con base en sus ingresos previos. “La Contraloría General de la República y el Ministerio Público deberían actuar de inmediato y analizar la rapidez con que el saldo pendiente fue reducido a cero”, sostuvo.
Aunque ambos comparten la necesidad de indagar, existe disonancia sobre qué entidad debe encargarse, hecho que también se manifestó entre los expertos. En Canal N, el expresidente del Consejo de Ministros, Luis Solari, planteó que la repentina extinción de la deuda exige un reporte obligatorio ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Según el también exministro de Salud, este órgano tiene la facultad de identificar transacciones inusuales susceptibles de estar vinculadas a delitos de lavado de activos.
Consideró que, en caso de que el banco no haya elevado el reporte respectivo, el gerente general de la entidad bancaria debe responder ante la UIF; si ya fue alertada, corresponde a la unidad indagar el origen y la legalidad de los fondos, y, si amerita, remitir el caso al Ministerio Público. No obstante, en diálogo con Infobae Perú, los abogados Diego Arteaga y Guillermo Aliaga desestimaron la posibilidad de una implicancia penal en la liquidación de la deuda.
El representante del estudio Arteaga & Asociados consideró que “no hay ninguna implicancia penal en el préstamo ni en el pago”, dado que fue anterior a su designación, por lo que se descarta el presunto uso de recursos públicos. “Veo difícil que el Ministerio Público pueda abrir una investigación en este caso”, mencionó. Por su parte, Aliaga remarcó que una operación de esta naturaleza puede tener origen en los ahorros personales de quien ostenta cargos directivos en instituciones sanitarias, por lo que “no es un tema para que la justicia lo vea y menos para ser visto en la Comisión de Fiscalización del Congreso o la Comisión de Salud”.
