Un bus de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), asignado para el traslado del personal encargado de fiscalizaciones y la imposición de papeletas por infracciones de tránsito, figura como sancionado con dos papeletas activas en el sistema: una clasificada como “L5” y otra como “G40”. De acuerdo con lo expuesto por un representante de la entidad, una de estas sanciones se encuentra en condición de cobranza coactiva y la otra bajo medida cautelar.
El funcionario, al ser consultado sobre la existencia de estas papeletas, reconoció no tener conocimiento previo de los hechos y aseguró que se verificará la información. “Se realizará la verificación de la data y se tomarán las medidas necesarias para determinar los responsables. No puede ser que la autoridad que debe dar el ejemplo tenga estos casos dentro de su propio equipo”, sostuvo.
Las infracciones L5 y G40 están referidas a faltas estipuladas en el Reglamento Nacional de Tránsito. La presencia de sanciones en uno de los vehículos oficiales de la ATU expone una situación contradictoria dentro del ente encargado de velar por el cumplimiento de las normas viales en la capital.
Personas del sector señalan que, tras comunicar la presencia de estas infracciones al personal de la entidad, las papeletas dejaron de aparecer en la consulta en línea. Este hecho genera preocupación sobre la transparencia y el manejo interno de registros en la ATU, entidad llamada a dar el ejemplo en materia de fiscalización.
La crisis de fiscalización no solo afecta la imagen institucional, sino que también repercute en la dinámica del transporte urbano. Según trabajadores y usuarios, la presencia de los informales es cada vez más evidente mientras los transportistas formales se ven obligados a pagar montos elevados a extorsionadores para poder operar. “Los informales van ganando más terreno y los formales cada día pagan sumas de dinero más altas a los extorsionadores para que los dejen trabajar”, indica un reporte de Latina.
Institución en cuestión
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) es una entidad pública peruana creada en 2018, bajo el ámbito del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con la finalidad de planificar, regular, supervisar, gestionar y fiscalizar el transporte urbano de personas en las provincias de Lima y Callao. Su objetivo principal es establecer un sistema de transporte eficiente, seguro, accesible y sostenible para los habitantes de la capital y el principal puerto del país.
La ATU tiene competencias sobre todos los servicios de transporte público, incluidos los buses, corredores, el Metropolitano, el Metro de Lima, taxis y vehículos escolares en su área de jurisdicción. Esto abarca la gestión de rutas, la emisión de autorizaciones, la fiscalización de operadores y la ejecución de sanciones a quienes infrinjan las normas del sector.
Entre sus funciones más relevantes están la reorganización y modernización de las rutas de transporte, la mejora de la calidad del servicio, la promoción de la formalización y la coordinación con municipalidades, Policía Nacional y otras entidades para optimizar la movilidad urbana. Además, la ATU busca integrar diversos modos de transporte y fomentar la inclusión de tecnología, como el pago electrónico y la información en tiempo real.
La existencia de la ATU responde a la necesidad de tener una sola autoridad responsable que pueda articular acciones y políticas para solucionar los problemas históricos de congestión, informalidad, inseguridad y deficiencia en el transporte urbano de Lima y Callao.
