La Libertad atraviesa una de sus peores etapas de inseguridad, con el incremento de crímenes y acciones de bandas organizadas que han tomado varias zonas de la región. En este contexto, el gobernador regional, César Acuña, volvió a deslindar responsabilidad directa sobre la situación, señalando que la obligación de garantizar la seguridad recae exclusivamente en la Policía Nacional del Perú (PNP).
“Constitucionalmente, el responsable de dar seguridad es la Policía Nacional. No es el gobernador. La gente está tan mal informada. Nosotros estamos invirtiendo cerca de 90 millones en seguridad ciudadana”, afirmó Acuña durante una entrevista en un medio local, defendiendo su posición frente a las críticas.
La declaración recordó a muchos ciudadanos sus palabras de febrero de 2025, cuando, en una conferencia de prensa, dijo: “¿Y yo qué podría hacer en Trujillo ahorita si hay un asalto? ¿Yo qué podría hacer en Trujillo si hay una bomba? Estar presente. Ahí tienes a la Policía Nacional”.
Durante la entrevista, el conductor le recordó que, como gobernador, preside el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de La Libertad, lo que lo coloca como autoridad encargada de liderar y articular acciones en esta materia. Sin embargo, Acuña reiteró: “El gobernador solamente coordina. Tú mismo has dicho, coordina”.
Reacciones y análisis
La respuesta del gobernador no pasó desapercibida entre los ciudadanos. Algunos vecinos de la región, entrevistados por el mismo medio, coincidieron en que la labor operativa recae en la PNP, pero subrayaron que esto no exime al Gobierno Regional de su papel de coordinación activa.
“Quien se encarga de ejecutar todo lo que son los operativos es la Policía. Eso no quiere decir que el Gobierno Regional se hace el loco, se desliga”, comentó un vecino. Otro agregó: “La responsabilidad es de la Policía, del Ministerio del Interior. Sin embargo, el Gobierno Regional debería coordinar eso. Hay que tenerlo claro”.
Consultado sobre la pertinencia de la afirmación de Acuña, el especialista en temas electorales y de gestión pública, José Tello, señaló que la interpretación del gobernador es “inexacta”. Explicó que, según la Ley de Bases de la Descentralización y la Ley de Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional tiene un mandato expreso para diseñar planes de seguridad ciudadana a nivel regional y coordinar recursos con la Policía Nacional.
“El Gobierno Regional es un articulador entre el gobierno nacional y el gobierno local. Tiene el deber de fortalecer la participación vecinal en materia de seguridad ciudadana y de ajustar recursos para la labor policial”, detalló Tello, añadiendo que este rol no se limita a la mera coordinación pasiva.
Contexto político y cuestionamientos
Las declaraciones de Acuña se producen mientras enfrenta denuncias de presunta corrupción. Entre ellas, destaca un reportaje difundido por el programa Panorama que reveló contratos millonarios adjudicados por el Gobierno Regional de La Libertad a una empresaria sin título profesional.
Estos señalamientos se suman a un ambiente político y social marcado por la preocupación ciudadana por la inseguridad. Según cifras del propio Comité Regional de Seguridad Ciudadana, la criminalidad en la región ha crecido en los últimos años, con un aumento de delitos como homicidios, extorsiones y robos armados, especialmente en la provincia de Trujillo.
Mientras tanto, diversas organizaciones vecinales y gremiales han pedido que se implemente un plan integral que involucre a la PNP, el Ministerio Público, las municipalidades y el Gobierno Regional para enfrentar el problema. El rol de Acuña como presidente del Coresec lo coloca en el centro de la exigencia ciudadana de asumir un liderazgo más activo frente a la crisis.
