Tras el anuncio de un nuevo paro de transportistas para este lunes 11 de agosto, y por una aparente falta de tiempo para coordinar con otros sectores también afectados por la ola de extorsiones en el país, el gremio de choferes y dueños de líneas de transporte urbano en Lima y Callao decidió suspender la medida de fuerza.
Según Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), quien declaró recientemente a los medios de comunicación en compañía de otros dirigentes de su sector, la nueva paralización se postergará para el jueves 21 del presente mes.
“Vamos a ir al paro el 21 de agosto porque hasta el momento no hemos sido atendidos por este Gobierno, a pesar de haber muchas reuniones. La convocatoria la está haciendo la Unidad Gremial de los Gremios de Lima y Callao conjuntamente y estamos articulando con otras organizaciones sociales y de otros rubros para que el paro sea contundente”, dijo a América Noticias.
Cabe mencionar que, en los días previos, desde el gobierno aseguraban que el paro esto no se iba a concretar, tras estar en conversaciones con los principales dirigentes que impulsan la protesta. Lo cierto es que hoy lunes no se contratará, pero ya hay nueva fecha de paralización.
La decisión de llamar a un paro masivo surge tras meses marcados por ataques, amenazas y extorsiones en perjuicio de choferes, cobradores y empresarios del rubro. Estos problemas no solo persisten, sino que se han agravado de forma notoria durante el 2025.
Anitra, liderada por Martín Valeriano, remarcó que la inacción estatal motiva la decisión tomada por las organizaciones formales. Desde septiembre del año pasado hasta la fecha, se registraron al menos treinta asesinatos relacionados al sector y decenas de atentados, según cifras de la dirigencia.
La protesta convocada no tendrá carácter nacional, pero involucrará a Lima y Callao, donde la inseguridad afecta de modo particular al transporte formal. Las organizaciones implicadas insisten en que la medida de fuerza responde al aumento de extorsiones, la falta de protección policial y el incumplimiento de acuerdos previos alcanzados con el Estado.
Detalles de la convocatoria
Pese a que no existe un listado oficial de sindicatos confirmados, fuentes dirigenciales señalaron que alrededor de diez agrupaciones estarían dispuestas a concretar la suspensión de actividades.
Respecto a las empresas, la información alcanzada revela que serán más de 50 firmas de transporte las que paralicen operaciones. Esta cantidad refuerza la idea de un paro de alta incidencia, capaz de alterar el desplazamiento diario de decenas de miles de personas. Las autoridades y usuarios se mantienen atentos a nuevas confirmaciones durante los días previos.
Reclamos y promesas incumplidas
Martín Valeriano, uno de los líderes del transporte, aseguró haber dado plazos para que el gobierno cumpla compromisos. Entre estos pedían cámaras de videovigilancia en las unidades, respaldo económico a familias de víctimas y actuar desde todos los estamentos estatales.
Según el dirigente, ninguna de estas exigencias ha sido atendida de manera satisfactoria. El propio Valeriano detalló que fue instalada una mesa de trabajo de alto nivel con representantes del Poder Ejecutivo, Congreso e instituciones como el Ministerio Público, sin resultados comprobables hasta hoy.
Entre los acuerdos postergados también se destaca la petición de derogar leyes que los sindicatos consideran desfavorables para la lucha contra la criminalidad. Todos estos factores conforman el escenario que desemboca en la convocatoria para el 11 de agosto.
Respuesta del Gobierno
El Gobierno, en voz del ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, ha rechazado de forma rotunda la protesta anunciada. El titular aseguró este lunes 4 de agosto que “no habrá paro” y que se tomarán medidas para garantizar la circulación de unidades y la protección de pasajeros.
Sin embargo, en las últimas horas, desde la dirigencia sindical reiteran que la protesta va en firme y que no darán marcha atrás ante las amenazas ni anuncios estatales. “Todos apagaremos los motores”, remarcó Valeriano.
La distancia entre ambas posturas genera incertidumbre sobre el impacto real que tendrá la paralización. Los transportistas exigen seguridad y cumplimiento de compromisos, mientras el Ejecutivo insiste en que no permitirá la alteración del sistema.
Aumento de extorsiones
El fenómeno de la extorsión golpea con especial fuerza al gremio. De acuerdo con estadísticas policiales, hasta junio el registro nacional de denuncias por este delito sumó 13.667 casos, reflejando un alza de 25,5% respecto al año pasado.
En Lima y Callao, el problema se ha intensificado: las denuncias en estas jurisdicciones crecieron más del 50 % en el territorio metropolitano.
Analistas advierten que más del 60 % de las regiones del país ya sufren incrementos en extorsiones, situando el paro del 11 de agosto como un síntoma de una crisis mayor en seguridad urbana.
El desenlace de la medida, así como sus consecuencias para la movilidad, la seguridad y la economía local, quedará definido en los próximos días ante la escalada de tensión entre el sector y el Ejecutivo.
