
En el Perú, los aplausos oficiales rara vez coinciden con el hambre que se vive en los barrios. Mientras en los mensajes a la nación se celebran cifras y logros, en las comunidades más vulnerables la comida escasea, las madres se angustian por la falta de proteínas en la dieta de sus hijos y las ollas comunes siguen luchando con lo poco que tienen. Esa brecha entre el discurso y la realidad se hizo evidente, una vez más, en el reciente último Mensaje Presidencial por 28 de julio.
En su reciente Mensaje a la Nación, la presidenta Dina Boluarte afirmó que en dos años se ha “duplicado el número de niños menores de un año que lograron recuperarse de la anemia”. Sin embargo, dicha afirmación no fue acompañada de datos verificables ni fuentes oficiales que permitan conocer con claridad cómo se midió ese supuesto avance. Tampoco se especificó qué regiones estarían logrando dicha mejora, ni a qué corte temporal corresponde la comparación. En un país donde la anemia infantil ha sido históricamente persistente y desigualmente distribuida, este tipo de declaraciones debería estar sustentado con cifras claras, desagregadas y contrastables. De lo contrario, corren el riesgo de ser interpretadas como estrategias de marketing político, no como verdaderos actos de rendición de cuentas.
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Mientras en Palacio se habla de logros, el Perú ocupa nuevamente el primer lugar en inseguridad alimentaria en Sudamérica. Según el último informe de la FAO, el 41 % de peruanos, más de 13 millones de personas, vive en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave. Este dato, que debería haber sido central en el discurso presidencial, fue ignorado por completo. ¿Cómo puede hablarse de recuperación nutricional sin mencionar que más de un tercio del país no accede a una alimentación adecuada?
Porque la anemia no es un fenómeno aislado. Es una expresión biológica de un problema estructural: pobreza, exclusión, precariedad alimentaria. Combatirla exige mucho más que repartir suplementos de hierro. Exige garantizar el acceso continuo a alimentos ricos en hierro y proteínas de calidad y hoy, incluso eso está comprometido. Y el Estado no parece responder con la urgencia que esta crisis demanda.
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Además, estos anuncios contrastan de manera escandalosa con lo que ocurre en el primer nivel de atención. Centros de salud desabastecidos, personal técnico y profesional mal remunerado, madres sin consultorías nutricionales oportunas, suplementos insuficientes, territorios donde las campañas no llegan. La anemia se sigue concentrando en los mismos sectores excluidos, que no son prioridad para un Estado que los menciona, pero no los escucha.
El panorama empeora si consideramos que el hambre en el Perú ha aumentado, ya que según el mapa del hambre de la FAO, el porcentaje de personas que enfrentan hambre creció de 6.6 % a 6.9 % en Perú. En cifras absolutas, eso representa a cientos más. ¿Dónde están sus voces en el discurso de gobierno? ¿Dónde está la autocrítica?
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Lo que tampoco se escuchó en el discurso fue una mirada integral sobre los determinantes sociales que condicionan la alimentación en el país. No basta con hablar de cifras de suplementación o tamizajes. Se requiere una lectura más profunda sobre cómo la pobreza, el desempleo, la informalidad laboral, el alza sostenida de precios y la falta de acceso a servicios básicos impactan directamente en la capacidad de las familias peruanas para alimentarse adecuadamente. La seguridad alimentaria no se garantiza solo desde el sector salud, sino desde un enfoque intersectorial que articule políticas económicas, sociales, agrícolas y educativas. Ignorar esa complejidad es perpetuar intervenciones parciales, desconectadas de la realidad del país.
La anemia y el hambre siguen ganando terreno. Y lo más grave: se están normalizando. En este escenario, no hay victoria que celebrar. Hay una deuda histórica que enfrentar con coraje, con rigor técnico y con honestidad política.

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