En el Perú, la protección de los derechos de personas con orientación sexual e identidad de género diversas avanza lentamente y sin garantías estructurales. Aunque existen sentencias internacionales que condenan al Estado peruano por no proteger a personas LGBTIQ+, la falta de un marco legal claro y de políticas públicas integrales mantiene a esta población en situación de vulnerabilidad y exclusión.
Entre los avances impulsados desde la sociedad civil y colectivos LGBTIQ+, destacan las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos Azul Rojas Marín y otra y Olivera Fuentes, que declararon la responsabilidad del Estado por violaciones a los derechos humanos de personas LGBTIQ+. No obstante, la implementación de estas decisiones y la adecuación normativa interna sigue pendiente.
El Perú no reconoce legalmente las uniones entre personas del mismo sexo, ni en forma de matrimonio ni de unión civil. Tampoco existe un procedimiento administrativo que permita a las personas trans modificar su nombre o género en sus documentos de identidad, lo que obliga a iniciar procesos judiciales largos y costosos. Las identidades no binarias no son reconocidas en ninguna norma del país.
Datos que reflejan exclusión y violencia
Según la Encuesta Nacional del INEI de 2017, el 72.5% de personas LGBTIQ+ manifestó temor a expresar su identidad o su orientación sexual por miedo a sufrir violencia o discriminación. Entre 2020 y 2023, se registraron al menos 54 asesinatos de personas de esta comunidad.
Un estudio realizado en 2024 reveló que el 34% de encuestados sufrió violencia verbal o psicológica, mientras que una reciente encuesta de Ipsos señaló que menos del 25% de la población respalda el matrimonio igualitario y un 67% se opone a que las personas LGBTIQ+ tengan hijos o adopten.
A nivel educativo, la ley contra la violencia en instituciones escolares no menciona la orientación sexual ni la identidad o expresión de género como causas de acoso escolar, lo que deja sin cobertura legal específica a estudiantes LGBTIQ+ víctimas de hostigamiento.
Lejos de impulsar avances, recientes decisiones del gobierno y el Congreso han generado retrocesos normativos. En mayo de 2024, el Ejecutivo publicó un decreto supremo que catalogaba la transexualidad y el travestismo como enfermedades mentales. Aunque la medida fue luego modificada tras protestas sociales, su publicación fue interpretada como una forma de patologizar las identidades trans y no binarias.
Ese mismo mes, el Congreso peruano aprobó una ley que prohíbe a personas trans y no binarias el uso de baños públicos que correspondan a su identidad de género, bajo el argumento de proteger a menores de edad. La norma ha sido criticada por reforzar prejuicios y limitar el acceso de estas personas a espacios públicos.
En el ámbito simbólico, ninguna institución pública se pronunció este año por el Día del Orgullo LGBTIQ+, rompiendo con precedentes limitados pero significativos de años anteriores, en los que entidades como la Defensoría del Pueblo o el Ministerio de la Mujer emitían mensajes institucionales. La ausencia de manifestaciones oficiales refuerza una narrativa estatal de indiferencia ante la diversidad sexual y de género.
Obstáculos en el espacio público
En junio de este año, la organización de la Marcha del Orgullo en Lima enfrentó múltiples dificultades. La Municipalidad Metropolitana demoró en otorgar el permiso para su realización y solo respondió días antes del evento, luego de que los organizadores presentaran una queja en el Congreso. Además, la Municipalidad de Jesús María bloqueó el uso del espacio donde se instalaría el escenario principal, pese a que ya se contaba con la autorización correspondiente.
Estos hechos evidencian no solo una falta de apoyo institucional, sino también un entorno hostil para el ejercicio del derecho a la manifestación y la visibilidad pública de las personas LGBTIQ+.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de su Opinión Consultiva 24, ha establecido que los Estados deben garantizar el principio de no discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género. Otras decisiones, como los casos Vicky Hernández vs. Honduras y Azul Rojas Marín vs. Perú, refuerzan la necesidad de adoptar medidas concretas para prevenir la violencia y garantizar el acceso a derechos básicos.
A pesar de estos estándares internacionales, los cambios legislativos y administrativos necesarios no se han concretado en el Perú, y la protección de las personas LGBTIQ+ continúa dependiendo del impulso de la sociedad civil, sin una política de Estado que lo respalde de manera sostenida.
Con las Elecciones Generales de 2026 en el horizonte, surge la oportunidad de incorporar en el debate público la inclusión de los derechos LGBTIQ+ en las agendas políticas. Reconocer la discriminación estructural y garantizar marcos normativos adecuados es un paso indispensable para construir un Estado que proteja en igualdad.
