El nuevo presidente del Congreso, José Jerí, defendió este domingo su recomendación de archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, debido a la falta de pruebas suficientes para respaldar la acusación.
Jerí, quien fue autor del informe que excluyó a la mandataria de la denuncia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, señaló que el Ministerio Público no presentó “elementos contundentes”, por lo que el Parlamento no iba a acusar “a alguien si no hay elementos de prueba”.
El legislador también señaló que, en su opinión, no podría “prestarme a un juego cuando no hay elementos de prueba objetivos”. Además, consideró que, aunque hubo excesos durante las protestas, estos fueron “muy puntuales” y específicos, y están siendo determinados por la Fiscalía. “Finalmente, el Poder judicial deberá sancionar a los responsables”, añadió.
Jerí concluyó que, hasta el momento en que se tomó la decisión, no se había podido “demostrar indubitablemente que hubo cadenas de mando o una indicación expresa de actuar de una u otra manera”.
A mediados de julio, sin un debate previo, la subcomisión aprobó con 12 votos a favor y dos en contra el informe final que propuso el archivo de la denuncia, presentada en julio de 2024 por el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.
Jerí ya había dicho en ese momento que, tras haber analizado las declaraciones formuladas por los denunciados, “se determinó que no se han presentado a la fecha elementos de convicción suficientes que acrediten sin ninguna duda la conducta típica, antijurídica y culpable atribuible a los denunciados”.
Villena presentó el 30 de julio de 2024 esta denuncia contra Boluarte y seis exministros por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves, entre otros cargos, a raíz de los muertos y heridos en las protestas antigubernamentales.
La Fiscalía precisó en dicha fecha que los hechos investigados están referidos a las protestas sociales que dejaron 44 muertos y 116 heridos en nueve regiones del país, entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023, a raíz del encarcelamiento del presidente Pedro Castillo tras su fallido intento de golpe de Estado y el ascenso de su vicepresidenta Boluarte a Presidencia.
Las víctimas de las protestas
Entre los fallecidos hay 41 víctimas por proyectil de arma de fuego y tres por golpes con objeto contundente, además hubo 78 heridos por arma de fuego, 27 por golpe con objeto contundente, 6 por bomba lacrimógena y 5 por otros objetos.
Los exministros denunciados son Pedro Angulo y Alberto Otárola, en su condición de primer ministro, así como el mismo Otárola y Jorge Chávez, como titulares de Defensa; y César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero como ministros del Interior.
Los cargos imputados son homicidio calificado por omisión con dolo eventual, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos, en agravio de Cristian Rojas y otras personas. También se incluye lesiones graves por omisión con dolo eventual, en agravio de Teófilo Ramírez y otras víctimas, así como lesiones leves bajo las mismas condiciones, en agravio de Miguel Velásquez y otros.
