El 10 de agosto de 2024, Flavio Illatinco, fue asesinado en Chillihuani, Cusco, tras una emboscada organizada por comuneros de su propia localidad.
Según una reciente investigación publicada por Bloomberg, la muerte de Illatinco marcó el punto más crítico de una larga disputa por el control económico del turismo en Montaña de Siete Colores, también llamado Vinicunca.
La Montaña se convirtió en uno de los destinos más visitados del Perú desde 2016, gracias a su viralización en redes sociales. Pero detrás del ascenso turístico se gestó un conflicto entre sectores comunales por el cobro de boletos, paseos a caballo y otras actividades, sin intervención clara del Estado.
Una comunidad fracturada por el dinero
Illatinco fue clave en la construcción de la carretera de acceso a la montaña y en la gestión inicial del destino. Sin embargo, sus intentos por formalizar el sistema de recaudación y articularlo con el Estado habrían generado tensiones con otros líderes comunales, especialmente con Cecilio Quispe, entonces presidente de Chillihuani, quien defendía la autonomía local en la administración del lugar.
El asesinato de Flavio fue brutal. Recibió múltiples golpes con piedras y su cuerpo fue encontrado al día siguiente. Según la fiscalía, al menos 29 personas están bajo investigación y 13 se encuentran en prisión preventiva, en contraste con las 70 personas involucradas al momento de conocerse el crimen. Testimonios recogidos por Bloomberg señalan que una turba organizada interceptó a Illatinco cuando se dirigía a una boda, y lo atacaron hasta matarlo.
Para Madeleine Burns, viceministra de Turismo hasta el mes pasado, “el problema siempre era sobre el dinero”, declaró a Bloomberg.
Turismo sin regulación
Según funcionarios locales, la Montaña de Siete Colores genera entre tres y diez millones de dólares al año. Sin embargo, nunca fue registrada como destino turístico oficial antes del crimen. Además, no existe un conteo oficial de turistas ni un sistema de fiscalización sobre los ingresos.
La violencia no fue un hecho aislado. Operadores turísticos que denunciaron amenazas, bloqueos y ataques con piedras durante años, según testimonios recogidos por Bloomberg. Incluso hubo accidentes fatales, como el de un turista que murió en un vuelco, atribuido al mal estado de la vía.
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo admitió, tres meses después del crimen, en un informe al Congreso que el conflicto escaló por la disputa intercomunal sobre el cobro a turistas. La Presidencia del Consejo de Ministros intentó mediar, pero la intervención llegó tarde. Casi un año después del crimen, aún no hay un plan claro para regular el acceso ni redistribuir los beneficios económicos de forma equitativa.
Entre la justicia y el conflicto
Entre los detenidos se encuentra Cecilio Quispe, acusado por varios testigos de haber estado presente durante el crimen. Otros han sido arrestados recientemente, como Iván Choqque, en una localidad de la Amazonía peruana. Sin embargo, la fiscalía aún busca identificar a decenas de implicados.
Bloomberg también reconstruyó los días posteriores al asesinato, marcados por el miedo, el abandono estatal y la descomposición social en Chillihuani. La familia de Flavio quedó desamparada: su viuda falleció poco después y su hijo mayor, Ivcher Illatinco, asumió el cuidado de sus tres hermanos menores.
La comunidad vive hoy una tregua silenciosa. Aunque no se han registrado nuevos enfrentamientos, el problema de fondo, la gestión del turismo, sigue sin resolverse. Mientras los turistas siguen llegando por la foto perfecta, los pobladores continúan en una disputa que no parece cuando terminar.
