Francisco Javier García Casique, de 24 años, dejó Venezuela y llegó a Perú en busca de estabilidad y trabajo. En Lima estableció su residencia y se dedicó durante varios años a la barbería, un oficio que aprendió y perfeccionó en ese país. Allí pasó tres años solo, ayudando económicamente a su familia y forjando relaciones laborales. Después de ese tiempo, en 2023, optó por migrar nuevamente, esta vez hacia Estados Unidos.
Tomó sus ahorros y emprendió la ruta del Darién, cruzando a pie hasta el país norteamericano. En cada parada y durante el trayecto —como relata su familia—, siguió trabajando como barbero para costear su viaje y su estadía. Instalarse en Texas le permitió continuar con su oficio unos meses más mientras regularizaba su situación migratoria. Nunca tuvo antecedentes penales, ni en Venezuela, ni en Perú ni en Estados Unidos.
Su hermano contó que, a modo de regularizar su situación migratoria, acudía regularmente a citas en la corte y que fue justo uno de esos días en los que al no conseguir la corte asignada, y con ánimos de no violar ningún beneficio, se acercó a la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a asesorarse.
Francisco no imaginaba que una rosa de colores, una corona y los nombres de sus familiares, tatuados en su brazo derecho y su cuello, modificarían su destino. Los agentes lo detuvieron. La razón, según declaraciones posteriores: sus tatuajes y la mención de que había crecido en Maracay, zona que en los últimos años ha ganado notoriedad por la presencia de la banda criminal Tren de Aragua.
Sin juicio, sin pruebas y a pesar de no contar con antecedentes en ninguna jurisdicción —verificado tanto en Venezuela como en Estados Unidos—, Francisco fue etiquetado como pandillero. ICE lo privó de libertad durante dos meses. La conclusión no se basó en registros penales ni en procesos judiciales abiertos: el único hilo era la interpretación de los tatuajes. Según su hermano Sebastián, fueron vistos como prueba suficiente para ligarlo a una estructura criminal, aunque toda su vida profesional documenta una realidad diferente.
En marzo de 2024, cuando firmó su orden de deportación para Venezuela, la familia ya lo esperaba en su país natal, pero no llegó. Horas después, el gobierno de Nayib Bukele anunció la llegada de más de 200 presuntos miembros del Tren de Aragua al Cecot, la cárcel de máxima seguridad inaugurada para confinar a pandilleros catalogados como “los delincuentes más peligrosos”. Francisco estaba allí. “Conseguimos una foto, le hicimos zoom y lo pudimos reconocer… el instinto de una madre no falla. Tiene el brazo lleno de tatuajes, las orejas se las reconocí, todo”, relató Sebastián, su hermano.
Su madre, Mirelys Casique, desplegó la denuncia en redes sociales, grabó videos en TikTok y reclamó ante la opinión pública lo que calificó como un atropello a los derechos básicos de su hijo y de otros cientos. “Lo deportaron injustamente ‘solo por sus tatuajes’. Pido que lo chequeen en Interpol: no es ningún delincuente, no tiene antecedentes. ¿Por qué lo mandan a El Salvador como si fuera un criminal? Su lugar de deportación era Venezuela”, reclamó, entre la impotencia y el miedo por la suerte de Francisco.
Una investigación de ProPublica, The Thexas Tribuna, Alianza Rebelde Investiga y Cazadores de Fake News, reveló que el gobierno de Donald Trump sabía que al menos 197 de los deportados junto a Francisco, los cuales fueron presentados como “de los salvajes más violentos del mundo”, en realidad no tenían condena alguna en Estados Unidos; otros, ni siquiera tenían un proceso penal abierto. Casi la mitad fue perfilada solo por llevar tatuajes, criterio que ningún experto considera fiable para determinar pertenencia a una pandilla. Al solicitar descargos por las personas a las que se le había corroborado su inocencia, la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional evitaron responder.
Si bien tras la movilización de las familias en redes sociales e instancias se produjo la liberación de Francisco y otros 251 migrantes, esto solo se produjo después de un acuerdo diplomático: un canje a cambio de 35 presos políticos.
