El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, planteó este jueves una salida a la crisis de la empresa estatal Petroperú: transferir la propiedad y gestión de la empresa a sus propios trabajadores. Además, advirtió que su bancada, Renovación Popular, presentará una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte si el Gobierno opta por ejecutar un rescate financiero para la petrolera.
“Eso es causal de vacancia para Dina Boluarte. Eso ahí sí, olvídate. Renovación Popular presentaría una vacancia (si hay salvataje)”, señaló el burgomaestre en diálogo con el programa Edición Especial. “Esto es un barril sin fondo”, agregó, en referencia a las constantes inyecciones de dinero público que ha recibido la empresa.
El pronunciamiento se produjo luego de que el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, informara que se evalúa un proceso de reestructuración financiera para Petroperú, que presentó sus estados financieros auditados de 2024 con una pérdida neta de US$774 millones.
“Estamos viendo la posibilidad de hacer una reestructuración financiera, no salvataje, que permita a la empresa afrontar mejor los flujos de pagos que tiene, mientras va desarrollando su capacidad productiva y mejorando su capacidad y esfuerzo de ventas”, afirmó.
López Aliaga propuso una alternativa basada en la propiedad compartida con los trabajadores de la compañía. “Tengo otra solución porque yo he estudiado en Piura, conozco mucha gente en Petroperú, brillante. La propiedad privada te lleva a pensar de otra manera”, dijo.
“Dale a la gente que ahora está gerenciando a un nivel intermedio Petroperú, dale esa propiedad. Si tienen una deuda laboral tremenda, págale con acciones (...), que ellos lo manejen. Te apuesto que llegarán a una solución mejor que cualquiera porque están dentro, gente que tiene 30 años, con doctorado, maestría, que conoce”, indicó.
Planteó incluso una estructura de fideicomiso para que los trabajadores asuman la gestión de la empresa. “Todos tienen ahí su porcentaje que les corresponde, pero dales gestión a ellos. Dar el problema a los trabajadores y la sacan adelante o no, y si no la sacan adelante, va a Indecopi, pues”, señaló.
Para López Aliaga, el modelo estatal ya está agotado. “Hacer refinerías es una estupidez, el mundo ya cambió hace rato. La salida es antropológica, es darle propiedad a los trabajadores, que ellos lo manejen, ellos sabrán qué hacen. Van a escindir la planta, venderán la planta, o el oleoducto se usa para otra cosa. Deja de ser estatal, mil veces, porque si no vamos a estar en la cantaleta de ponerle mil millones de dólares y el Perú no aguanta eso”, remarcó.
Además del tema de Petroperú, el líder de Renovación Popular advirtió que su bancada también impulsaría una moción de vacancia si el Ejecutivo no atiende un conjunto de 11 demandas en materia de seguridad ciudadana, que su partido ha planteado previamente al Gobierno.
Antecedentes
En septiembre de 2024, el Ejecutivo publicó un decreto que oficializó medidas “extraordinarias y urgentes” para afrontar la crítica situación de Petroperú. La norma, publicada en El Peruano, autorizó el uso de garantías del Estado por hasta 1.000 millones de dólares y la capitalización excepcional de 750 millones otorgados en 2022, además de asumir obligaciones por 800 millones con el Banco de la Nación.
Semanas antes, la junta general de accionistas de la estatal pidió al Ejecutivo considerar incluso la posibilidad de liquidar la empresa, debido a que su gestión se había vuelto “insostenible”.
En paralelo, el entonces presidente del directorio, Oliver Stark, perdió el respaldo del Ejecutivo, lo que abrió paso a cambios cuestionados por su cercanía a Palacio. Pérez Reyes reconoció que la nueva etapa de reestructuración implicará reducir personal para mejorar la eficiencia de la compañía.
