El debate sobre la permanencia del Perú en la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha vuelto a la agenda política luego de que diversos sectores del Congreso plantearan formalmente que el país se retire del sistema interamericano. Las propuestas apuntan a denunciar el Pacto de San José, tratado internacional que sustenta la competencia de la Corte IDH para revisar casos relacionados con derechos fundamentales.
En respuesta, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara, declaró que el Gobierno no ha tomado ninguna decisión definitiva, pero sí se encuentra evaluando esta posibilidad. Indicó que el análisis será técnico y estará a cargo de una comisión que trabajará con la Cancillería. Aclaró, además, que esta revisión no debe interpretarse como un anuncio de retiro.
Evaluación sin decisión tomada
Juan Alcántara evitó confirmar si el país se alejará definitivamente de la Corte IDH, pero sí reconoció que existe una evaluación formal. Según explicó, el Gobierno ha comenzado a coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores la elaboración de un informe técnico que permita determinar los pasos a seguir. “Estamos evaluando esta situación”, declaró ante medios de comunicación.
El ministro subrayó que, en esta etapa, no hay plazos establecidos ni una postura definitiva. Agregó que serán los equipos técnicos los que definan el cronograma, el enfoque y las implicancias jurídicas de cualquier eventual decisión. “Son los equipos técnicos los que definirán los plazos, los que definirán las acciones y qué se debe hacer al respecto”, puntualizó.
Comisión incluiría Ejecutivo, Congreso y sociedad civil
El ministro señaló que el análisis será multisectorial. La comisión que elaborará el informe estaría conformada por funcionarios del Ejecutivo, representantes del Congreso, especialistas de la academia y miembros de la sociedad civil. El objetivo, dijo, es contar con una mirada integral antes de tomar una postura oficial.
Alcántara remarcó que esta iniciativa recoge las propuestas presentadas por varias bancadas parlamentarias y también por ciudadanos que han expresado su respaldo a una posible desvinculación del sistema interamericano. “Cogiendo las alternativas que algunas importantes bancadas en el Congreso habían planteado y que también un grupo importante de ciudadanos considera”, afirmó.
¿Qué implicaría una salida de la Corte IDH?
Aunque el Gobierno no ha confirmado su retiro del sistema, el anuncio ha generado preocupación entre especialistas y organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre los efectos de una eventual salida. Uno de los aspectos más discutidos es el impacto que tendría en los ciudadanos que, ante la falta de respuesta en instancias judiciales internas, recurren a la Corte IDH en busca de justicia.
El ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay, consultado por Panamericana Televisión, explicó que el proceso para desvincularse de la Convención Americana de Derechos Humanos podría demorar cerca de un año desde el momento en que se presente el preaviso oficial. Una vez fuera del sistema, el país ya no estaría obligado a acatar las resoluciones del organismo internacional.
Permanencia aún bajo análisis
Pese a las señales enviadas por el Ejecutivo y el Parlamento, el ministro de Justicia insistió en que el Gobierno no ha tomado una posición definitiva y que el objetivo es analizar la propuesta de manera técnica, jurídica y política. Remarcó que ninguna autoridad ha afirmado que el país saldrá de inmediato del sistema interamericano.
“Perú nunca ha dicho que se va a retirar de la Corte IDH, sino que va a evaluar”, expresó Alcántara. La frase, breve pero contundente, resume la postura actual del Gobierno: observar el escenario, recoger insumos de diferentes sectores y tomar una decisión basada en criterios técnicos. La incertidumbre, sin embargo, ya abrió un nuevo capítulo en el debate sobre los derechos humanos y el rol del Estado peruano en los organismos internacionales.
