Una operación articulada durante cinco años permitió que una red de empresarios y ejecutivos bancarios obtuviera fraudulentamente hasta 200 millones de dólares del BBVA, según una investigación en curso de la Primera Fiscalía Penal de Lima Sur. A diferencia de un asalto tradicional, el golpe al BBVA no involucró tranqueras, armas o alarmas. El fraude se ejecutó mediante la presentación de documentos manipulados: balances inflados, contratos apócrifos y domicilios ficticios. Empresas de fachada, con la colaboración de funcionarios del propio banco, superaban sin dificultad los filtros formales y obtenían productos financieros como créditos, leasing o factoring. El dinero, en lugar de destinarse a inversiones reales, era repartido entre miembros de la red criminal y algunos empleados del banco.
De acuerdo con las declaraciones de la fiscal Miluska Romero, a las que accedió Punto Final, las empresas involucradas aparecían ante la institución como legítimas solicitantes de productos financieros, pero tras la aprobación y desembolso, cuando la entidad verificaba la existencia de los bienes adquiridos, solo encontraba inmuebles vacíos, negocios irreales o sitios insólitos para operaciones millonarias, como chancherías. El propio banco denunció la maniobra y aportó información clave para la investigación.
La relación de presuntos involucrados en la red de fraude incluye nombres de alto perfil bancario y empresarial. Destacan los exejecutivos Marco Antonio Gaitán Chunga, Christian Bobadilla Ortega y Diego Araujo Ugarte. A ellos se añaden los empresarios Camilo y Marcelo Peirano Blondet, Herlinda Rodríguez Flores y Juan Ricardo Torres Cubas.
Este último ya figuraba en la trama del caso Sada Goray y el presunto soborno a un congresista con un millón de soles para modificar una norma sobre la industria atunera. En declaraciones recogidas por la prensa, aseguró que la empresaria le manifestó su aspiración de ser presidenta del Perú, y fue identificado por la fiscalía como parte de un esquema donde se buscaba alterar normativas sectoriales a cambio de pagos, en particular, el conocido expediente sobre la Ley del Atún. Ahora, su situación suma un componente más grave: amenazas directas a la fiscal a cargo del proceso luego de un operativo frustrado que permitió la fuga de casi todos los investigados.
El 23 de junio, agentes de la DIVIAC y la fiscalía allanaron 15 inmuebles en Lima y Chimbote, con la orden de detener preliminarmente a diez personas señaladas por el megafraude. La operación solo resultó en la detención de Daphne Gavidia Hung; los otros nueve investigados, incluyendo a Torres Cubas, lograron fugar tras recibir información anticipada sobre el operativo. La fiscal Romero denunció que había evidencia de comunicaciones internas alertando a los investigados sobre la inminencia de la intervención, evidencia que también apareció en el celular de la persona detenida.
La mañana previa al operativo, Torres Cubas ya había contactado a la fiscal vía WhatsApp desde la clandestinidad. En mensajes con tono intimidatorio, le exigió “meditar su error” y le recriminó las consecuencias personales de la investigación: “Usted me ha jodido la vida… llevo escondido más de cuatro días sin ver a mis hijos y tengo que trabajar. Usted merece recapacitar. Yo merezco que recapacite. La exhorto a que medite su actitud”. El empresario también confesó saber del operativo gracias a información filtrada a su abogado desde sedes judiciales. Más tarde, su defensa presentó una extensa carta en la que pidió disculpas por los mensajes y reiteró la inocencia de su representado.
