Distintas organizaciones feministas y de derechos humanos alzaron su voz frente a la reciente modificación de la Guía de Procedimiento de Aborto Terapéutico del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), que retiró de manera específica las causales por salud mental y abuso sexual en niñas. Aunque el aborto terapéutico sigue siendo legal en el Perú, especialistas y colectivos advierten que esta medida representa un retroceso en su aplicación efectiva, sobre todo para las poblaciones más vulnerables.
Entre las instituciones que se pronunciaron están el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, la organización Promsex, el colectivo Sin Tabúes y la ONG Manuela Ramos. Todas coinciden en que el reciente cambio no prohíbe formalmente el procedimiento, pero afecta la capacidad de los médicos para fundamentar casos graves, como embarazos infantiles producto de violación sexual, que son frecuentes en el país.
El aborto terapéutico sigue siendo legal
Desde Flora Tristán recordaron que el aborto terapéutico no ha sido derogado ni prohibido. “Esta modificación no prohíbe el aborto terapéutico. Este sigue siendo legal y puede aplicarse a las pacientes que lo requieran, con el fin de salvaguardar su salud física y mental”, señalaron en su pronunciamiento público. Sin embargo, advierten que el retiro de las causales específicas reduce la claridad del procedimiento médico y limita las garantías para una atención oportuna por parte del INMP.
La guía técnica eliminó disposiciones que permitían invocar el daño psicológico en casos de embarazo infantil producto de violación, malformaciones congénitas incompatibles con la vida o cuadros clínicos de riesgo psiquiátrico severo, como la psicosis puerperal.
Confusiones y desinformación sobre los cambios
Diversos colectivos advirtieron sobre las confusiones y buscaron aclarar los cambios. “No te dejes engañar”, escribieron en las redes sociales del colectivo Sin Tabúes, quienes criticaron la difusión de información errónea por parte de la congresista Milagros Jáuregui, promotora del cambio desde el Congreso. La parlamentaria afirmó que se derogaron disposiciones “inconstitucionales”, pero legalmente no se ha derogado ninguna norma que contravenga la Constitución.
Como señalan a través de difusiones de redes sociales, “la causal 11 de la guía aún permite evaluar casos de riesgo grave para la salud física o mental, incluyendo situaciones como embarazo infantil producto de violación, malformaciones congénitas incompatibles con la vida o riesgo de suicidio”, señalaron. Según la organización, este tipo de cambios no modifican las obligaciones penales ni internacionales del Perú en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos.
Finalmente, hicieron un llamado a exigir información clara y decisiones éticas. “La salud es integral: física y mental. Exijamos respeto por los derechos de niñas, adolescentes y personas gestantes”, puntualizaron.
Negar el aborto terapéutico sería una violación de derechos
“El aborto terapéutico salva vidas. Negar su aplicación en situaciones que lo requieren es considerado como una grave violación de derechos”, alertó Manuela Ramos, citando como antecedente el emblemático caso de Camila. En ese caso, una niña de 13 años fue obligada a continuar con su embarazo tras ser violada, sin recibir atención psicológica ni garantías educativas.
Este caso y muchos otros motivaron la condena internacional al Estado peruano por parte del Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Sin embargo, a más de un año de ese dictamen, el Estado no ha adecuado su protocolo a las condiciones específicas de niñas víctimas de violencia sexual, denunciaron desde la ONG.
Hospitales están obligados a seguir atendiendo a niñas
Desde Promsex, la obstetra Susana Chávez fue enfática al señalar que el aborto terapéutico sigue vigente y que los hospitales públicos “están en la obligación de seguir atendiendo a las niñas en caso de que lo requieran”.
Además, la organización precisó que el artículo 119 del Código Penal sigue siendo válido y que el retiro de las causales no elimina la posibilidad de que un embarazo forzado por violación sexual sea considerado un riesgo grave a la salud integral.
No obstante, alertan que el retiro explícito de estas causales específicas genera incertidumbre legal y puede desalentar al personal de salud a realizar el procedimiento, especialmente en regiones más conservadoras.
