El escenario judicial de los exmandatarios peruanos Ollanta Humala y Nadine Heredia podría experimentar un giro trascendental tras la reciente ofensiva legal en Brasil que busca declarar nulas las pruebas obtenidas durante la Operación Lava Jato y devueltas a otros países de la región. El caso, que ya tiene impacto en Ecuador, se concentra ahora en la Corte Suprema de Brasil y podría afectar directamente las condenas dictadas en el Perú por lavado de activos.
El abogado Marco Aurélio de Carvalho, representante de Nadine Heredia en Brasil, sostiene que si el Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño determina devolver y, por tanto, anular las pruebas cedidas al Perú mediante acuerdos de cooperación judicial en el marco de Lava Jato, la Justicia peruana deberá revisar las sentencias que pesan sobre Heredia y Humala.
Heredia, ex primera dama, fue condenada en abril a 15 años de prisión por presunto lavado de dinero, al igual que su esposo. No obstante, Heredia logró evadir la justicia y hoy se encuentra en Sao Paulo bajo asilo diplomático, a la espera de una decisión del Comité Nacional para los Refugiados (Conare) de Brasil sobre su condición definitiva de refugiada.
El detonante para este posible escenario proviene de una solicitud de la constructora brasileña Novonor (anteriormente Odebrecht) al ministro del STF, Dias Toffoli. La empresa pide la devolución inmediata de todos los elementos probatorios derivados de la colaboración entre exejecutivos de Odebrecht y autoridades brasileñas, incluidos los testimonios que el propio tribunal brasileño anuló por considerar que las pruebas fueron manipuladas.
Este pedido aún no ha sido respondido oficialmente por Toffoli. Sin embargo, la argumentación legal que se presenta toma como precedente la reciente anulación de pruebas utilizadas contra el exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas. En ese caso, el STF invalidó los datos informatizados obtenidos de sistemas internos de Odebrecht (principalmente, Drousys y MyWebDay), al confirmar que podían ser manipulados sin garantías de integridad o control sobre el momento de su incorporación.
El sustento de la defensa de Heredia
En diálogo con CNN Brasil, el abogado Marco Aurélio de Carvalho sostuvo que, de aprobarse, deben revisarse las condenas en Perú, ya que se basaron únicamente en el testimonio del delator Jorge Barata, exejecutivo de Odebrecht en el país, quien aseguró que entregó dinero a la entonces primera dama. Mencionó que no existen pruebas materiales adicionales más allá de anotaciones encontradas en el sistema informático MyWebDay, entregadas al Perú por Brasil a raíz del acuerdo de cooperación de Lava Jato.
“Quedó demostrado que en cualquier momento se podían introducir datos en ese sistema sin ningún tipo de control, como si fuera un archivo de Word. No era posible determinar si determinada información fue añadida un año antes o después”, expuso.
En ese sentido, la teoría legal que subyace a esas anulaciones es la conocida como “frutos del árbol envenenado”: si la fuente probatoria es declarada nula o viciada en el país de origen, sus resultados tampoco pueden utilizarse en otros procesos, sin importar la jurisdicción.
“Si devuelven las pruebas producidas en Brasil ya no queda nada en contra de ellos. La justicia peruana se verá obligada a revisar las condenas y liberarlos”, declaró Carvalho a CNN.
Por el momento, el Ministerio Público del Perú no ha emitido comentarios oficiales sobre la solicitud presentada en Brasil ni sobre el futuro de los casos que involucran información proveniente de Lava Jato. Tampoco el Supremo Tribunal Federal ha informado cuándo responderá la petición de la empresa Novonor, aunque el debate sobre la legitimidad de las pruebas internacionales sigue abierto.
